El reciente informe de Amnistía Internacional sobre nuestro país, llamado “Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas”, ha confirmado la importancia de la documentación de abusos de poder realizados por una organización que ha construido respetabilidad y confianza a través de los años.
El documento ha contribuido a la comprensión de la compleja situación de conflictividad experimentada desde comienzos de febrero, no sólo por señalar las violaciones a los derechos humanos realizadas por los funcionarios, sino también por exigir a manifestantes y líderes de la oposición política una condena sin titubeos a la violencia.
En un resumen audiovisual del informe, el Secretario General de Amnistía Salil Shetty expresó: “Muchos disfrutamos al ver cómo, a comienzos del Siglo XXI Venezuela comenzó a dar pasos para atender los derechos de los más marginados, discriminados por tanto tiempo. Pero parece que el gobierno ha perdido esa oportunidad histórica”.
Amnistía Internacional, alejada de la versión conspiranoica, situó las causas sociales que originaron el malestar: “A comienzos de febrero la gente se echó a la calle para protestar contra los altos niveles de inseguridad y criminalidad y la falta de productos y bienes esenciales. El gobierno debe enfrentar esas protestas sin violar los derechos humanos de ninguna persona”.
En la rueda de prensa de la presentación del informe, realizada en Madrid el pasado 01 de abril Nuria García, investigadora de la ONG, describió algunos de los resultados: “AI, ha hecho investigación en el terreno, abogados, ONGs, hemos hablado con familiares y víctimas de violaciones de DDHH. Y hemos hablado con personas que han sido víctimas de hechos violentos de ataques por grupos armados progubernamentales o por parte de algunas manifestantes o personas no identificadas. Muchas de las personas con las que Amnistía Internacional ha podido hablar no han querido que informemos sobre sus casos por temor. Esas son algunas dificultades que hemos tenido al documentar este informe”. Ademá agregó: “Hemos visto con gran preocupación, algunas de las declaraciones de altas autoridades del Gobierno, haciendo alusión a la culpabilidad de los detenidos, no sólo detenidos durante las protestas, sino líderes de la oposición. Consideramos que es una vulneración a la presunción de inocencia. En este caso por ejemplo AI habló con Luis Mateo Chirinos, estudiante que fue detenido, y minutos después las autoridades ya estaban ante los medios de comunicación indicando que había participando en actos violentos. Hacemos un llamado a las autoridades a resistir este tipo de comentarios que vulneran la presunción de inocencia”.
Ese mismo día Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, realizó recomendaciones que deberían ser revisadas con atención por las autoridades de nuestro país:
“En nuestra opinión o los DDHH se ponen al frente de la agenda política, o Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia y llevará incluso un mayor número de abusos y de violación de los DDHH. Se deben dar las condiciones para entablar un diálogo constructivo y de buena fe, que dé prioridad a una agenda en defensa de los DDHH de todas y todos los venezolanos, independientemente de sus convicciones políticas. El gobierno y la oposición deben comprometerse a abandonar el camino de la violencia y avanzar por la vía del diálogo y el respeto al Estado de Derecho.
En concreto es esencial en práctica un plan nacional de derechos humanos, este plan debe establecer como el Estado propone debe garantizar todos los DDHH, civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, determinando la responsabilidad de todos los actores, cronograma, presupuesto, e indicadores adecuados.
Este plan, debe tener fuerte anclaje en el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, así como cambios legislativos necesarios, capacitación en DDHH a funcionarios públicos, así como el control de armas en el país.
En segundo lugar el ciclo de violencia no se superará sino hay rendición de cuentas, por eso es necesario que las autoridades adopten las medidas necesarias para investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes uso excesiva de la fuerza, o violaciones del debido proceso para llevar a los responsables a la Justicia.
Todas las personas en Venezuela tienen que poder ejercer su derecho a manifestarse sin temor, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión, sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques o víctimas de malos tratos o de detenciones arbitrarias”.
Finalmente Beltrán insistió: “El gobierno y los líderes de la oposición y líderes de la sociedad civil, deben promover entre sus simpatizantes el ejercicio de su derechos y el derecho a la manifestación de forma pacífica (…) O bien se pone una hoja de ruta en Derechos Humanos, o bien la espiral de violencia continuará y llevará a un mayor de casos en violación de derechos humanos”.
El Informe de Amnistía Internacional debe ser leído por todos: https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Venezuela._Los_derechos_humanos_en_riesgo_en_medio_de_protestas.pdf
(*) Coordinador del Area de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
