Un nuevo ataque de grupos paramilitares identificados con el oficialismo se produjo este martes 06.05.14 en las inmediaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
La agresión se produjo mientras los estudiantes de esa casa de estudios realizaban una protesta, exigiendo la liberación de dos estudiantes que habían sido detenidos en el marco de las protestas que se desarrollan en el país.
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana reprimieron a los estudiantes, mientras -además- civiles armados agredían a los manifestantes.
«Los grupos de civiles oficialistas atacaron a los estudiantes mientras los policías se comportaban como observadores», declaró Ligia Bolívar a el Diario El Universal.
En declaraciones ofrecidas al mismo diario, Carlos Vargas, representante del Consejo General de Representantes Estudiantiles (Cogres) de la UCAB, señaló que civiles identificados con el oficialismo comenzaron a lanzar piedras y cohetones contra los manifestantes. Agregó que estos grupos se encontraban armados y dispararon ráfagas contra los estudiantes. A pesar de ello, no se reportaron heridos.
Vargas relató además que la GNB lanzó aproximadamente unas siete bombas lacrimógenas en la entrada de la UCAB.
Los ataques a centros educativos figuran entre los patrones más recurrentes de la represión y la actuación de grupos paramilitares en el marco de las protestas que se desarrollan en el país desde el mes de febrero. La Universidad Central de Venezuela, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Fermín Toro, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Universidad de Oriente, Universidad Católica del Táchira, Universidad Experimental del Táchira, entre otras casas de estudio, han sido objeto de ataques, tanto de los cuerpos militares y policiales del Estado, como de grupos violentos y civiles armados.
Asimismo, de las 437 protestas atacadas por grupos armados pro oficialistas -según cifras registradas por el Observatorio de Conflictividad Social-, en buena parte de ellas se ha denunciado la actuación coordinada de civiles armados y órganos del Estado, lo que supone una clara violación al artículo 332 de la Constitución Nacional y ha generado graves violaciones de derechos humanos para manifestantes y ciudadanía en general.
Del total de muertes registradas en las protestas realizadas entre febrero y abril de 2014, en al menos 21 de ellas, está registrada la participación de civiles armados en la comisión de los hechos.
Por otro lado, reiteramos que el Estado y sus cuerpos armados insisten en criminalizar y obstaculizar el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación pacífica, al reprimir concentraciones y emplear sustancias tóxicas para disolver concentraciones, que son legítimos mecanismos que tienen los ciudadanos para expresar sus inquietudes y exigencias.
Tal como hemos afirmado, el derecho a la reunión pacífica es un complemento necesario para el ejercicio de otros derechos y para el fortalecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica. (Prensa Provea, 06.05.14)
