Con el título de “Castigados por protestar: Violaciones de derechos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia en Venezuela”, Human Rights Watch acaba de publicar un informe sobre la forma brutal como, desde febrero pasado, los cuerpos policiales han reprimido las manifestaciones y las protestas en el país.
El informe hace referencia a más de 150 víctimas y expone, documentadamente, el caso de 45 de ellas. Nada de esto constituye una novedad para los venezolanos; pero sí hay que destacar la caracterización que se hace de estos hechos.
Al presentar este informe, el vocero de HRW manifestó que “la magnitud de estas violaciones y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados. Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años.”
En el informe se hace referencia a “un patrón de graves abusos”, a evidencia convincente de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, y a la actitud de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial que conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y personas detenidas.
El informe sostiene que hay “evidencias creíbles de que más de 150 personas fueron víctimas de graves abusos” y de la violación de sus derechos.
En la mayoría de los casos documentados por HRW, se observa que miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de la fuerza, incluyendo disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas. Además, las víctimas que fueron arrestadas, mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos que, por lo menos en diez casos, constituyeron tortura.
El informe indica que miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que “violentas pandillas armadas” partidarias del gobierno agredieran a civiles que no estaban armados y, en algunos casos, colaboraron abiertamente con ellas en los ataques.
Se omite mencionar los numerosos casos en que altos funcionarios de gobierno, incluso por cadenas de radio y televisión, han llamado a esos grupos violentos a disolver manifestaciones pacíficas.
Según el informe, en muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que se documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo.
En 13 de los casos investigados, miembros de las fuerzas de seguridad persiguieron a personas que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes; aproximadamente la mitad de estas personas eran periodistas, mientras que la otra mitad eran manifestantes o transeúntes que utilizaban sus teléfonos celulares para documentar el uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad.
El lenguaje empleado por HRW para caracterizar estos hechos, ya sea en su informe o a través de sus voceros, subraya que no se trata de hechos aislados; según HRW, estos hechos responden a una “práctica sistemática”, “un patrón de represión”, o “un patrón alarmante de abusos”. En tal sentido, debe recordarse que el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, define los crímenes de lesa humanidad precisamente como ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil.
Quiéralo o no, HRW está documentando el expediente de estos crímenes en Venezuela, y está acercándonos a un país en el que, para ejercer nuestros derechos, no tengamos que pedirle permiso al gobierno.
