Las manifestaciones continúan en todos los sectores y por muy diversos motivosQuien no piensa igual a quienes están con el gobierno, es declarado enemigo
La protesta debe ser pacífica, pues una espiral de violencia solo favorece a quien está en el poder
La semana pasada pudimos observar cómo el gobierno venezolano avanzó en su política de criminalización a organizaciones de derechos humanos y activistas, y también en contra de jóvenes y estudiantes que protestaban de manera pacífica.
Defensores en la mira
Las amenazas a los defensores Humberto Prado, Rocío San Miguel, a la directiva del Foro Penal, el allanamiento a las ong Humano y Libre, Un mundo sin Mordaza, y el encarcelamiento de su director Rodrigo Diamanti, revelan que se aceleran las acciones para anular voces de la sociedad civil con reconocimiento e incidencia en la comunidad internacional.
El martes pasado las organizaciones de derechos humanos de Venezuela realizaron en conjunto un pronunciamiento, informando en una rueda de prensa a todo el país y a la comunidad internacional sobre la situación que enfrentan quienes defienden derechos humanos. Afirmaron que si se ataca a una organización, es una agresión en contra de todo el movimiento. Sin embargo, al día siguiente, funcionarios del Sebin detuvieron y detuvieron al director de Un Mundo Sin Mordaza.
Ausencia de democracia
El totalitarismo y la ausencia de garantías de derechos son cada día más visibles. Quienes dirigen al país demuestran un profundo distanciamiento de la constitución y demás las leyes nacionales e internacionales. Aparentemente, no les importa nada, y parecen ir en vías de imponer un sistema que puede parecer cualquier cosa, menos un sistema democrático.
Cada día restringen más la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar libremente su opinión sobre la vida pública nacional. Quien no piensa igual a quienes están con el gobierno o con su entorno, son declarados enemigos. Y aunque la disidencia y crítica política es parte de cualquier democracia, en nuestro país son perseguidas.
Continúa la represión y la criminalización
Los manifestantes venezolanos han sufrido en carne propia este sistema de catalogar a las personas críticas como enemigos.
Las recientes detenciones masivas a manifestantes pacíficos que se encontraban en los campamentos en Caracas y otras partes del país son otra prueba del comportamiento antidemocrático de las autoridades. Además, tratan de imponer la matriz de que fue una gran operación militar para neutralizar a focos irregulares que querían subvertir el orden interno del país.
Escasez de derechos
Tal y como están las cosas en el país, al desabastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos, luz y agua, tenemos que sumar ahora, aunque hace tiempo comenzó a notarse su ausencia, la escasez de derechos.
Ni el gobierno, ni los poderes públicos del Estado, dan muestra de querer reconocer, mucho menos respetar, derechos que están consagrados en la Constitución y en las ley nacionales e internacionales.
La actuación del TSJ en las últimas semanas ha sido determinante para que los ciudadanos estemos cada vez más desprotegidos y con los derechos violados. La sentencia que impide manifestar pacífica y libremente, como lo garantiza la Constitución, y ordena pedir permiso a las autoridades para manifestar, y la más reciente que ordena, entre otras cosas, “oficiar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que supervise si el contenido de las canciones de cualquier género musical es adecuado para su transmisión en horario apto para todo usuario o deben ser transmitidas en un horario más restringido”, prenden las luces de alarma de una ciudadanía que ve cómo, cada vez más, el Poder Ejecutivo se abroga de más potestad para influir en sus vidas.
El mejor conflicto es el que puede evitarse
El país vive una crisis en todos los órdenes. El gobierno dice estar tratando de enfrentar la crisis económica, pero día a día vemos cerrar centros de producción, quejas por escasez de materia prima, inmensas colas para adquirir alimentos, paralización de muchos servicios en centros de salud públicos y privados, entre otras calamidades.
Los efectos de la inflación comienzan a sentirse y los conflictos laborales, que son los más números, continúan. En paralelo, hay una crisis política abierta y la oscura actuación de los poderes públicos y la actuación del gobierno hacen presumir una crisis institucional.
Las protestas continúan en todos los sectores y por muy diversos motivos. Es importante que la protesta se mantenga en forma pacífica, pues una espiral de violencia solo puede favorecer a quien está en el poder y tiene el monopolio de las armas.
El gobierno está dialogando porque fue obligado por las circunstancias. Para la oposición política es importante mantenerse en ese diálogo porque es una vía civilizada -y democrática- de evitar males mayores para la población y para el país, exigir respeto a la Constitución, a los DDHH, libertad de los presos y pedir una renovación de los Poderes Públicos, que permita en un futuro normalizar la situación institucional de Venezuela. Ahora es cuando hace falta diálogo.
@MarcoAPonce y @mlhccs
