Desde febrero el Ejecutivo ha consolidado la doctrina de seguridad nacional para reprimir las protestas, considera el coordinador de medios del Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, Inti Rodríguez.
Dijo que esa visión es propia de gobiernos militaristas y se asienta en la concepción del enemigo interno.
Rodríguez señaló que el Ejecutivo avala la violación de los derechos humanos al emplear armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de manifestaciones, felicitar la actuación de los organismos de seguridad, privilegiar la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en el control del orden público y dar instrucciones para que civiles armados contengan las protestas.
En el foro “Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas”, ayer en el Colegio de Abogados de Caracas, el vocero de Provea indicó que se registra un aumento de 200% de heridos en manifestaciones con respecto a 2013. Precisó que se emplearon 840 bombas lacrimógenas para reprimir la marcha del 12 de marzo en la UCV.
El abogado Héctor Faúndez (UCV) señaló que la criminalización de la protesta en el país es evidente. Dijo que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, avala la restricción de derechos fundamentales, como si en el país se hubiese decretado un estado de excepción.
“Es lamentable e inaceptable que los tribunales hayan asumido el brazo ejecutor del abuso de libertades”, expresó.
Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones, repudió que los estudiantes presos sean enviados a recintos carcelarios de delincuentes comunes.
Sin alegatos.
La abogada Magali Vásquez (UCAB) denunció que las detenciones se han hecho sin que concurran los requisitos de flagrancia, se mantiene incomunicado a los detenidos y se han hecho allanamientos sin orden judicial.
“Se impone la defensa pública, la audiencia es una mera formalidad; no se evalúan alegatos y se imponen medidas cautelares sin analizar requisitos de procedencia; además, hay una frecuente injerencia del Ejecutivo y el Legislativo girando instrucciones al Poder Judicial”, manifestó.
El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, afirmó que 2014 es el año con más ataques a la libertad de expresión en una década. Las agresiones han aumentado 35% en relación con el año pasado.
Janeth Frías, madre del estudiante Bassil Da Costa, asesinado el 12-F, dijo que su hijo ejerció ese día su derecho a la protesta y de luchar por Venezuela.
“Aquí nadie es ciego, todo el mundo sabe lo que está pasando. Él se fue con su Venezuela; me da tristeza con el país, que se está cayendo a pedazos”, expresó. Se definió como “una madre de oración” y dijo que todos los días ora por los jóvenes que van a manifestar en defensa de su futuro.
El foro fue auspiciado por Amnistía Internacional, Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humamos de la UCAB, Provea, el Observatorio de Prisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el SNTP. (Sofía Nederr, El Nacional, 04.06.2014)
