15 mil conflictos sociales en seis años, en su mayoría por demandas laborales, es un indicador de que algo está mal. Esperanza Hermida atribuye a esta situación la persistente falta de atención a las necesidades de los trabajadores. Para la coordinadora de Exigibilidad de Provea, es clave que en este contexto se comprenda la necesidad del diálogo social, y se dejen a un lado los mecanismos represivos que en nada contribuyen a contener el malestar.
-¿Cómo evalúa en este momento el escenario laboral?
-Ya en este momento hay un resurgir de las protestas laborales, que estuvieron al principio opacadas por las protestas por derechos civiles y políticas. Lo más probable es que las protestas se sigan visibilizando y vayan en aumento porque los trabajadores al no ver alcanzados los temas fundamentales, como salario, contratos, alimentos, acceso a la salud y vivienda, salen a protestar.
– ¿La discusión de los contratos colectivos vencidos disiparía los ánimos?
-Tenemos muy pocas expectativas positivas con relación a las formas que adopta el Ejecutivo para atender la situación de los trabajadores, porque lejos de producirse una negociación en términos legales, se habla con doble discurso.
Por ejemplo, el contrato de la administración pública no se había discutido desde 2008 porque se alegó durante todo este tiempo que las directivas de Fedeunep y Fentrasep estaban en mora electoral; hoy, sin haber hecho elecciones entonces el presidente Nicolás Maduro llama a ambos gremios a la instalación de las conversaciones.
Se está dando una enorme cachetada a las organizaciones que están tratando de hacer todo su proceso de legalización.
-¿Cómo calificaría la política laboral del Estado?
-Ha sido contradictoria y ambivalente. En una época tiene nivel de cumplimiento y en otra tiene el incumplimiento como bandera.
Mientras a la organización sindical yo le coloco una cantidad de limitaciones para que funcionen, a las estructuras que son ilegales le facilito el camino para impedir el ejercicio libre del sindicalismo democrático en el país.
-¿En ese esquema están las milicias obreras?
-Las milicias son organizaciones parasindicales que van a ejercer funciones de naturaleza represiva.
Históricamente, la forma de organización de los trabajadores es el sindicato, el esquema de organización a través de las milicias obreras es absolutamente inconstitucional. Se parece mucho a la triste experiencia que han vivido los trabajadores con los consejos de trabajadores, que se han visto en Guayana, y que no tienen ningún asidero legal.
– ¿Cuál es la gravedad de los hechos?
-Es muy peligrosa. Así como hemos visto en el caso de las manifestaciones públicas que han actuado civiles armados, en el caso de las milicias se trata de un esquema similar. La diferencia es que aquellos actúan en las manifestaciones y las milicias van actuar a lo interno de las empresas y de las organizaciones sindicales.
-¿Qué le depara esta situación a los trabajadores?
-Lo que le depara esta situación a los trabajadores es muy parecido al país: el cercenamiento de las libertades en general y eso es muy peligroso para un Estado que tiene tantos conflictos.
Si el Estado se encamina por la represión está cerrando la posibilidad de la resolución pacífica de los conflictos laborales, que es el principio establecido en la Constitución y los convenios internacionales, y por allí se está comprando una espiral de violencia que no sabemos a dónde puede parar.
-El Gobierno pareciera estar haciendo un «traje a su medida», pero ¿los resultados serán los esperados?
-Estas cosas que el Gobierno hace con sus trabajadores, y que le da mal mensaje a las empresas privadas, no es la mejor opción ni constitucional ni legal. Eso al Estado no le va a resultar.
Nosotros venimos registrando desde el año 2008 para acá alrededor de 15 mil protestas, en donde la reivindicación laboral ha liderizado las quejas.
-¿Qué es lo que demandan los trabajadores?
– Que el salario tiene que ser suficiente, que la contratación colectiva debe respetarse, que la libertad sindical debe garantizarse en su integridad. Mientras eso no suceda, el espacio para la paz laboral va a ser bastante difícil.
-Usted defiende el espacio del diálogo social, una sugerencia que incluso avaló la OIT tras la visita de una misión de alto nivel al país, ¿hay garantías para ello?
-Las garantías solo las puede dar el Ministerio del Trabajo, solamente Nicolás Maduro, porque el Estado es el que está en la obligación de cumplir el Convenio 87, así lo establece el artículo 23 de la Constitución.
Si el gobierno no respeta los convenios y no presta atención a los llamados, lo que tenemos es un Estado que se coloca al margen de la legislación.
-Si ese mensaje no se entiende desde el Ejecutivo, ¿cuáles son los riegos?
-Los riesgos es que vayamos a una situación de caos en materia productiva y laboral, que no se produzcan soluciones pacíficas a los conflictos.
Los conflictos siempre van a existir en la dinámica del mundo del trabajo, lo que no forma parte de la dinámica es que los intereses se hagan tan antagónicos que desemboquen en opciones violentas. Debe haber un espacio de diálogo, para que ambas partes puedan plantear sus opiniones y debe activarse un mecanismo para la satisfacción de esos intereses. En la medida en que el diálogo esté roto, habrá conflictividad social.
-¿Qué le queda a las organizaciones sindicales?
-Deben ser independientes del Estado, los patronos y los partidos políticos. En la medida que se fortalezca el sindicato como organización autónoma, se fortalece el espacio de beligerancia de la sociedad civil frente a esa sociedad política que está ejercida por el Estado. (El Universal, 15.06.14)
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