Human Rights Watch manifiesta su profunda preocupación ante la gravísima situación de los derechos humanos en Venezuela, que representa la más alarmante que hemos observado en el país en años.
Nuestras investigaciones indican que, a partir del 12 de febrero de 2014, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados y también contra transeúntes.
Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades.
Estas violaciones de derechos humanos formaron parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Miembros de estas fuerzas actuaron deliberadamente contra periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión de manifestantes, y toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, y a veces incluso colaboraron con estas.
También constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez. Tales abusos incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura.
Numerosos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en vez de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso.
Human Rights Watch insta respetuosamente a los Estados aquí presentes a pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos.
Concretamente, los Estados deberían exhortar a Venezuela a llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata e incondicional quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, abandonar toda retórica que fomente la violencia contra manifestantes y periodistas, y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, empezando por el Tribunal Supremo.
