Mediante Gaceta Oficial Nro. 40.444 de fecha 25.06.2014, el Ejecutivo Nacional creó –bajo el Decreto 1.014-, las Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), para coordinar las acciones de los órganos del Estado “contra las actuaciones de los grupos violentos”.
Esta recién creada figura reafirma lo que desde Provea hemos venido señalando sobre la adopción de formas cada vez más autoritarias para ejercer la acción de gobierno, y el acelerado acercamiento del Gobierno Nacional a la filosofía represiva contenida en la doctrina de seguridad nacional, que fuera empleada en el pasado por las dictaduras del Cono Sur, y que se sustenta en la primacía de la seguridad del Estado sobre los derechos ciudadanos.
El Decreto 1.014 señala que “es deber del Estado lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”, mediante la aplicación del Plan Patria Segura, un plan de seguridad ciudadana implementado a comienzos de 2013 por el Ejecutivo Nacional que contempla la militarización de las labores de seguridad y que ha traído consigo importantes violaciones de derechos humanos y actuaciones arbitrarias por parte de los efectivos que componen el mismo. Asimismo, destaca que esta labor se hará “conforme al Plan de la Patria y Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, cuestionado por un sector de la población toda vez que el Ejecutivo lo ha pretendido imponer como Ley, siendo un proyecto que formó parte de la oferta electoral del fallecido Presidente Chávez durante las elecciones de 2012 y que no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 207 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para ser tenido como Ley de la Nación.
El Decreto que crea las BEGV contempla en su artículo 3° que las mismas tendrán como objeto “coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y acciones provenientes de todos los órganos de Seguridad Ciudadana e Inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas”, para contrarrestrar lo que, a criterio del Ejecutivo Nacional y las BEGV, sean consideradas actuaciones de “grupos generadores de violencia”.
En su artículo 7° el Decreto 1.014 señala que las BEGV podrán “establecer y requerir cualquier información en materia de seguridad de Estado, defensa, inteligencia, orden interno, relaciones exteriores a las instituciones públicas y privadas, sobre las actuaciones de los grupos generadores de violencia en cualquier aspecto de interés nacional”. Igualmente, podrán declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada, cualquier información o hecho que así considere en el ejercicio de sus funciones, vulnerando el derecho a la libre información de los ciudadanos.
De tal forma que las BEGV podrán actuar como una policía política con competencias incluso superiores a las de los cuerpos de seguridad existentes en el país, e incorporando en sus operaciones, información y documentación de instancias ajenas al Estado, rescatando parte de los preceptos contenidos en la llamada Ley Sapo rechazada en 2012 por organizaciones de la sociedad civil.
Las BEGV se suman al conjunto de instancias y normas represivas dictadas por el Estado venezolano para limitar derechos y amparar la actuación del Ministerio Público, Tribunales, cuerpos militares y policiales, dirigidas a criminalizar las luchas sociales. Este proceso de judicialización de los reclamos es la consecuencia directa de una institucionalización de la mentalidad represiva.
El 21.02.2014 el Presidente Nicolás Maduro anunció la conformación en todo el país de los “Comandos Populares Antigolpe”, instancias orientadas a “contrarrestar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado”. Estos comandos, dirigidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ejercerán labores de vigilancia, seguimiento y control de actividades calificadas como terroristas y conspirativas, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado. En una nota publicada el 25.02.2014 en el portal web de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), se reseñan las actuaciones de los “Comandos Populares Antigolpe” en el estado Monagas, quienes mediante labores de inteligencia y patrullaje en las calles de la ciudad de Maturín, informaron a los cuerpos de seguridad sobre la instalación de “18 focos de perturbación”, en distintas zonas de la ciudad, permitiendo que en una acción conjunta entre civiles y efectivos de seguridad, se lograra la detención de 7 personas que participaban en protestas.
Las milicias obreras y comunales, también forman parte de esta lógica basada en el “enfrentamiento al enemigo interno”, propia de la doctrina de seguridad nacional. Con el Decreto 1.014, se profundiza aún más la criminalización de la protesta social y se escala en la creación de instancias dirigidas a perseguir y vigilar a quienes expresen legítimamente su descontento ante demandas insatisfechas.
Las competencias de la BEGV revisten un especial peligro toda vez que su discrecionalidad para declarar a grupos de la sociedad como generadores de violencia, se otorgan en un marco donde ha sido recurrente el empleo de “falsos positivos” y el forjamiento de pruebas contra detenidos, para criminalizar y adelantar juicio sobre ciudadanos que participan en protestas. Altos funcionarios del Estado a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, han hecho uso de esta fórmula para generar matrices de opinión pública contra manifestantes y ciudadanos en general. En los últimos 4 meses este patrón ha venido en ascenso, sin embargo, en ocasiones previas, diversos funcionarios del Estado han pretendido vincular a dirigentes sociales y sindicales –entre otros- con supuestos planes violentos y conspirativos, para justificar su detención y posterior sometimiento a juicio.
Funcionarios del Estado han calificado como violentas, anticipadamente y de forma reiterada, las actuaciones de distintos actores sociales que han ejercido su derecho constitucional a la manifestación, a la huelga. y a la asociación y reunión pacíficas. Dos pruebas de ello la constituyen, por un lado, las declaraciones del Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas Jorge Rodríguez, quien prohibió la realización de marchas y concentraciones no oficialistas en Caracas, alegando que las mismas terminarían en violencia, y quizá la más grave, la forma en que el Ministerio Público tituló su informe presentado a propósito de las protestas realizadas en el país “Resultados de las Manifestaciones Violentas Febrero – Junio de 2014”, calificando como violentas a todas las manifestaciones realizadas en dicho período en el país. Cabe destacar que según estimaciones de diversas ONG de derechos humanos, en una muestra elaborada en los 7 estados más importantes del país, el 93.35% de las manifestaciones realizadas entre febrero y junio de 2014, tuvieron un carácter pacífico.
De esta forma el Estado ha construido un discurso que intenta etiquetar con el sello de la violencia a diversos sectores de la población para, mediante el empleo de figuras como las BEGV, criminalizar y perseguir sus luchas. Calificar a grupos sociales como «generadores de violencia» apunta a justificar arbitrariedades en su contra.
En el pasado órganos creados bajo el mismo concepto de las BEGV fueron responsables de numerosas violaciones de Derechos Humanos. El Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), creado durante la gestión del ex presidente Jaime Lusinchi, fue conformado para “luchar contra la subversión y el narcotráfico colombiano”, integrado por efectivos de componentes militares y policiales, estaba facultado para planificar y ejecutar acciones militares bajo el mando directo del Presidente de la República. A su paso, el CEJAP dejó una larga lista de violaciones de derechos humanos, entre ellas la más conocida, la Masacre de El Amparo.
En América Latina instancias similares fueron responsables de arbitrariedades y atropellos contra la ciudadanía. En el Perú de Alberto Fujimori se creó el llamado Comando de Liberación Nacional, mejor conocido como Destacamento Colina, para luchar contra la subversión comunista de ese país. El Destacamento Colina, que operaba secretamente y rendía cuentas solo al Presidente Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos, tenía entre sus objetivos realizar seguimientos y capturas de supuestos terroristas. Su actuación ocasionó importantes violaciones de derechos humanos, entre ellas, numerosas detenciones arbitrarias de dirigentes sociales y la conocida Matanza de Barrios Altos en 1991.
Resulta contradictorio que luego de que el Presidente Nicolás Maduro criticara el pasado 09.07.2013 la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, por realizar labores de vigilancia masiva a ciudadanos -a propósito del caso Snowden-, hoy su gobierno promueva actuaciones similares a las empleadas por estas y otras agencias calificadas en todo el mundo como grandes violadoras de derechos humanos.
El Gobierno del Presidente Maduro sigue demostrando una cultura poco democrática para dar tratamiento a las expresiones de descontento social, y cerrando espacios para la libre expresión de la disidencia y la pluralidad de opiniones políticas. (Prensa Provea, 26.06.2014)
