Los trabajadores estamos constatando la existencia de una ola despidos y calificaciones de despido tanto en el sector público como en el privado. Como parte de los acuerdos de las mesas de diálogo y de paz entre el gobierno nacional y Fedecámaras, hemos visto que una de las exigencias recurrentes de los patronos privados es la flexibilización laboral.
Las miles de calificaciones de despido que cursan ante las inspectorías del trabajo, así como la aprobación de cierres técnicos en varias empresas privadas, demuestran que existen ya acuerdos en esta materia entre el gobierno y los patronos privados para descargar la crisis sobre los trabajadores. Todos los trabajadores debemos responder a esta política con la movilización y la solidaridad, para derrotarla y hacer valer nuestros derechos.
Además de ser un mecanismo para trasladar el costo de la crisis a miles de trabajadores, los despidos están siendo utilizados selectivamente en contra de dirigentes sindicales combativos y luchadores, como una forma de criminalizar la actividad sindical y el derecho a la protesta. De esta manera, se pretende amedrentar a los trabajadores para que no se organicen de manera independiente, para que no luchen en defensa de sus derechos, y no protesten o realicen huelgas.
De tal forma que debemos entender estos despidos como ataques contra el conjunto de la clase trabajadora. Si despiden a un luchador nos están golpeando a todos, pues los patronos buscan escarmentar a los trabajadores para que sean renuentes a movilizarse.
Tal es el caso del despido de la secretaria general del Sutivss-Lara, Osmary Escalona, una retaliación por parte de la patronal por su consecuente defensa de los derechos de los trabajadores y las denuncias que el sindicato ha realizado sobre las irregularidades y la corrupción en la administración del Hospital Pastor Oropeza. Para realizar este despido, además, la patronal se ha apoyado en una Inspectoría del Trabajo totalmente arrodillada ante los intereses patronales, que se prestó para brindarle apariencia de legalidad a un despido totalmente arbitrario.
De igual forma, el despido del dirigente sindical cementero Orlando Chirinos, que forma parte de la política gubernamental de mantener congelado el contrato colectivo cementero y refleja su intención de desbaratar la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), que encabeza Chirinos.
A estos casos se suman otros despidos, como el de más de cien trabajadores de la Chrysler en Carabobo, el despido indirecto de los compañeros de IOSA, en el estado Lara; todos estos casos y muchos más forman parte de la misma política violatoria de los derechos de los trabajadores y merecen una respuesta contundente y unificada por parte de todo el movimiento obrero organizado.
¡Que la crisis la paguen los que la generaron, los capitalistas y la burocracia gubernamental! ¡No a los acuerdos entre el gobierno y Fedecámaras!¡No a la flexibilización laboral!¡No a los cierres técnicos de empresas!¡No a los despidos en instituciones y empresas públicas y privadas!¡Reenganche ya para Osmary Escalona y Orlando Chirinos! (Prensa CCURA)
