La lista de 110 personas presas en recientes carceleros por participar en las protestas estudiantiles en seis estados del país, entre los meses de febrero y abril, se reduce paulatinamente y ahora solo 91 quedan privadas de libertad.
Entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, siete estudiantes de, seis de ellos del estado Zulia y uno de Caracas, procesados penalmente fueron liberados con medidas sustitutivas por los tribunales respectivos, tras permanecer más de tres meses en el Sebin-Zulia y de la cárcel Rodeo III.
Sin embargo, a cinco meses de esos disturbios que dejaron más de 40 fallecidos entre civiles y agentes del orden público, la mayoría por armas de fuego de la GNB, policías y grupos paramilitares, el balance no es numérico para el grupo de abogados del Foro Penal.
Una revisión de más de 80% de los casos de 3.210 detenidos desde el 4 de febrero pasado hasta la tarde de ayer, en los cuales prestaron asistencia legal gratuita hasta la fase preliminar (muchos de los aprehendidos siguieron el proceso con abogados particulares) les permite concluir que la mayoría de las detenciones fueron «arbitrarias».
«En estos casos se regularizó la criminalización de las personas sin evidencia, pese a lo señalado por el TSJ. La mayoría fue detenida con solo un acta policial, solo la opinión del efectivo, que no es suficiente», advirtió el director ejecutivo de la ONG con más de 200 abogados y voluntarios, que promueve la defensa de derechos humanos.
Constataron, desde el punto de vista procesal, violaciones al debido proceso y a la defensa, y principalmente a la presunción de inocencia de los manifestantes, un aspecto que, según Romero, obliga a evaluar seriamente al sistema de justicia como base de la paz social.
El Estado responsable
El impacto que han causado en los detenidos las actuaciones del sistema, preocupa al Foro Penal. Romero cita dos de «abundantes» casos.
José Tabares y Jhonny Hinojosa, ambos de 18 años de edad, fueron detenidos en Santa Fe (Caracas) el 26 de abril pasado, durante una de las protestas. En la cárcel Yare III les raparon la cabeza, los uniformaron con trajes amarillos como todos los presos y 33 días más tarde, un tribunal los consideró inocentes y los dejó en libertad. ¿Quién les paga ese tiempo de culpabilidad que no existió? El Estado venezolano es responsable de indemnizar a las víctimas del sistema de justicia con fallos errados», señaló.
Aunque la Defensoría del Pueblo ha actuado en casos, aseguró el abogado, también debe responder por 153 casos de torturas. Sin contar el hostigamiento policial a integrantes del Movimiento Estudiantil y el daño psicológico a muchos de los estudiantes en libertad. (Olgalinda Pimentel, El Universal, 13.07.2014)
