En un contexto de crisis económica, la realización plena de los derechos humanos en el país, pasa necesariamente por exigirle al gobierno nacional la adopción urgente de medidas efectivas (no efectistas), orientadas a resolver las causas estructurales que dispararon el desabastecimiento y la inflación.
Esas son las razones que empujan a la gente más pobre a manifestar porque no encuentra comida, ni salud, salarios dignos o agua. No hay ni las más elementales autopartes de vehículos.
Desde Abril 2014, DATANALISIS advierte que la principal preocupación de la población es el desabastecimiento, tema que superó por primera vez a la inseguridad, como angustia nacional en los últimos años.
En mayo, el INE señaló que la pobreza subió 6,1% en Venezuela y el CENDAS de la FVM, informó que en el mes de junio la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) llegó a Bs. 11.956,76, mientras el salario mínimo es de Bs. 4.251,40.
Esta situación venía agudizándose desde 2013, pero el gobierno no la resolvió sino que anunció la creación de las “Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral”, el “Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía” (para garantizar la seguridad alimentaria), y el “Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar” (para atacar el contrabando). Ante la corrupción, el 19.11.2013 la AN sancionó una Ley Habilitante dotando al Presidente de poderes especiales para luchar contra ese flagelo.
Este año, el gobierno creó la “Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos” (en la Ley de Precios Justos), el “Estado Mayor Especial para el Abastecimiento de Alimentos”, y el “Estado Mayor de Desarrollo Económico”. Ninguno de estos organismos burocráticos ha funcionado. Amén de que sus nombres evocan un lenguaje militarista que en nada ayuda a resolver problemas.
Para colmo, hace apenas semanas, uno de los principales artífices de la política económica nacional desde el primer gobierno de Hugo Chávez, el ex Ministro Giordani, levantó su voz para decir que se habían cometido una serie de errores que eran la causa de la crisis…
Lo cierto es que frente a un deterioro creciente del salario real, que según estudios del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), se ubica en el 51.7%, una inflación que bordea el 60% y un desabastecimiento crónico que va desde comida hasta medicinas y bombillos, se esfuma la posibilidad de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos indispensables para que la mayoría de la población tenga una vida digna.
A ello se suma, lamentablemente, la corrupción en buena parte de las esferas gubernamentales. Una de sus causas, señaladas por el mismo Presidente Maduro, se encuentra en los mecanismos diseñados para sostener el control de cambios.
Por ello, desde Provea insistimos en demandar al gobierno la instrumentación eficaz de políticas económicas garantes de derechos a los más pobres, mientras contabilizamos protestas de profundo carácter social.
