Según su Plan de Ordenamiento y Uso vigente la administración y manejo del Parque Nacional Canaima “tendrá como objetivo primordial la protección y conservación de los Recursos Naturales que en él se encuentran y la reafirmación de la soberanía en sus zonas fronterizas garantizando el equilibrio ecológico, en beneficio del interés colectivo de las generaciones actuales y futuras”.
No obstante, esta reserva de biodiversidad conocida en todo el mundo se encuentra amenazada en la actualidad por el aumento de la actividad minera en su jurisdicción.
Provea ha conversado con habitantes de la Gran Sabana que vienen denunciando la progresiva presencia de mineros en el sector. Sin embargo, debido a las represalias que vienen padeciendo, nos solicitaron mantener sus identidades en reserva.
Por ejemplo, mujeres indígenas que han denunciado los delitos ambientales a las autoridades, sin respuesta, enfrentando en las reuniones comunitarias a sus propias autoridades tradicionales que han sido permisivos con la situación, lo que les ha generado consecuencias.
Denuncian que en la comunidad de Uroy Uaray hay 6 maquinas de minas en el rio del mismo nombre, el cual desemboca en el rio Kama, uno de los atractivos turístico del parque Canaima. También en la comunidad de Iworibo, a medio camino entre el desvío de la carretera principal hacia Kavanayen y la comunidad se contabilizan por lo menos 20 maquinas en el rio Aponwao, en el cual rio abajo se puede apreciar la caída de agua más impresionante de la Gran Sabana después de Salto Ángel.
Esta situación tiene su origen tras la reunión realizada el pasado 10 de febrero 2013 entre el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el comandante de la FANB, Wilmer Barrientos, la ministra de pueblos indígenas, Aloha Núñez y varios capitanes pemones de la zona. Allí se acordó el comienzo de la actividad minera en territorios indígenas bajo la supervisión de sus autoridades tradicionales. Desde ese momento, abiertamente, los indígenas pueden trabajar extrayendo oro y diamantes de forma artesanal.
Sin embargo, los testimonios aseguran que esta ha sido la manera en que mineros profesionales y garimpeiros han conseguido entrar a las áreas protegidas por diferentes normativas, que están siendo vulneradas con la decisión.
Las mujeres indígenas han sido particularmente sensibles a las consecuencias de la minería. Han visto como la multiplicación de los yacimientos han traído otras consecuencias que estarían modificando, drásticamente, su forma tradicional de vida. La aparición de nuevas enfermedades, la contaminación por mercurio de sus afluentes de agua, el incremento de la violencia, el tráfico de drogas y la prostitución –incluso de adolescentes-, la deforestación son algunas de las más visibles.
Algunas mujeres han tenido la valentía de rebelarse contra sus propias autoridades tradicionales, e incluso contra sus propios esposos y familiares. A pesar de no conocer las leyes que las amparan, intuitivamente sienten que la minería daña a la Madre Tierra, el territorio que ha sido de sus ancestros y que ellas quieren legar a sus hijos.
No obstante, su actitud las ha condenado al aislamiento y las ha hecho foco de represalias. Han sido insultadas por ser mujeres. Sus terrenos han sido misteriosamente incendiados y sus propiedades han sido objeto de vandalismo por parte de manos desconocidas. Por diferentes vías les han mandado el mensaje: Cierren la boca, no denuncien, no se reúnan con personas indeseables.
Uno de los derechos vulnerados con la expansión de la minería artesanal es el derecho a la consulta previa, libre e informada. La decisión de impulsar el pequeño extractivismo en los territorios no ha sido consultado con las propias comunidades, como lo establece tanto la Constitución como la propia Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).
Tampoco existen estudios de impacto ambiental que sugieran los niveles de degradación de la naturaleza. Ante las denuncias, la respuesta de las autoridades es insuficiente y contradictoria. El dinero de la minería, como disciernen las propias replicantes, mantiene en funcionamiento una larga cadena de corrupción y compra de lealtades.
Las mujeres proponen que se cumplan las leyes, que el Parque Nacional Canaima sea preservado sin minería para las generaciones futuras. Que les ayuden a tener herramientas para promover un turismo ecológico, con el que puedan obtener ingresos para mantener a sus familias y donde puedan vender los productos que hacen con sus propias manos.
“Vengo aquí a hablar como mujer –expresó una de ellas en una reunión con las autoridades- , como madre del sector 7 porque me duele lo que estoy oyendo de nuestros capitanes .Hablo por el sector 7 donde vivo y allí no veo que la minería sea la gran maravilla que dicen. Allí veo contaminación de los ríos donde los niños ya no se pueden bañar y no podemos tomar agua, allí veo paludismo, contaminación por mercurios, prostitución, asesinatos”.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
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@fanzinero
