Finalmente, luego de más de siete años de ocupación, el Gobierno Nacional admitió que la Torre Confinanzas, mejor conocida como “Torre de David” situada en el centro de Caracas, no posee condiciones aptas para la habitabilidad y ha comenzado el desalojo progresivo de las familias que residían en la edificación para reubicarlas en el urbanismo “Ciudad Zamora”, localizado en la población de Cua, estado Miranda.
“Hoy estamos poniendo en marcha la operación Zamora. Hemos constatado las condiciones precarias y de altísimo riesgo en la que viven numerosas familias, niños, ancianos y hemos acordado con la organización comunitaria esta operación que ha involucrado a una cantidad importantísima de instituciones”, comentó el Ministro para la Transformación de la Gran Caracas, Ernesto Villegas en una entrevista concedida al canal del Estado. El propio Ministro Villegas ha reconocido el día de hoy que en la edificación se han producido numerosos accidentes debido a la ausencia de condiciones adecuadas para su habitabilidad.
77 familias de las 1.270 que residían en la “Torre de David”, fueron trasladadas en unidades de Metrobús hasta Ciudad Zamora en los Valles del Tuy, en una operación conjunta encabezada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Ministerio para la Transformación de la Gran Caracas efectivos de la Guardia Nacional.
Uno de los componentes del derecho humano a una vivienda adecuada lo constituye la habitabilidad de la misma. En tal sentido el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) establece la obligación de los Estados de garantizar este derecho humano y proveer las condiciones necesarias para su satisfacción plena. Asimismo, la Observación general 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada del instrumento de aplicación del PIDESC, desarrolla los componentes del derecho a la vivienda adecuada. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un espacio suficiente y adecuado para la habitabilidad de las familias y en la seguridad física de la construcción. Para que una vivienda sea habitable debe contar con el espacio adecuado y la infraestructura física adecuada que brinde seguridad a sus ocupantes.
Asimismo en el caso de un desalojo masivo como el de la Torre de David, el Estado debe actuar estrictamente apegado a los principios en la materia establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y adoptar las medidas justas que minimicen los daños, tales como consultas, recursos o procedimientos legales e indemnización. El Comité DESC ha señalado que los Estados deben velar por que se establezcan recursos o procedimientos legales para los afectados por medidas de desalojo y porque los afectados tengan derecho a la debida indemnización ante la posible destrucción de sus bienes personales o bienechurias. El Comité DESC también ha hecho referencia a las garantías de debida protección legal que deben existir en este tipo de actuaciones, entre ellas:
– Garantizar una auténtica consulta con las personas afectadas;
– Plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;
– Facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos; y
– Ofrecer recursos jurídicos y ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los Tribunales.
Para Provea la situación de la vivienda en Venezuela sigue siendo un drama que afecta a los sectores más pobres del país. El Estado, a pesar de los esfuerzos realizados en los primeros 2 años de ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, posee una deuda histórica en materia de derecho a la vivienda que aún no ha sido satisfecha para miles de venezolanos. En nuestro Informe Anual 2013, expresamos nuestra preocupación debido a la desaceleración del ritmo de construcción de viviendas de la GMVV lo que aleja aún más la posibilidad de superar el déficit habitacional existente en el país.
Esperamos que las familias que han sido desalojadas de la «Torre de David» sean reubicadas en urbanismos adecuados y que el Estado satisfaga plenamente el derecho a la vivienda de estos y de miles de ciudadanos venezolanos que atraviesan situaciones similares. (Prensa Provea, 22.07.2014)
