Desde hace varios años investigaciones en el tema demográfico han llamado la atención de nuestra entrada a una interesante etapa, denominada la del “bono demográfico”. Deriva esta etapa de la evolución de un conjunto de indicadores relacionados con la natalidad y la mortalidad, que dan como consecuencia que durante un lapso de 30-40 años predominará la población en edad laboral, dejando atrás una etapa en donde predominaban los jóvenes en edad menor a la productiva, lo que en otras palabras representa que tenemos una verdadera ventaja de oportunidades.
Esta etapa ofrece oportunidades únicas para el desarrollo ya que predomina en la composición de la población, quienes ya han recibido una importante inversión en cuidados como infantes y en educación, y por tanto dotados de las condiciones indispensables para la producción.
Estar en esta etapa representa tener dos personas dependientes por cada tres activos en el mercado laboral. Nosotros estamos en el mejor momento para potenciar una etapa que tendrá repercusiones en la construcción y ejecución de políticas en varias áreas del desarrollo.
Este período se presenta en la historia de la sociedades en una sola ocasión. Luego, más adelante dará paso a un estadio de predominio de la población de mayor cantidad de años, la cual demanda mayores exigencias en salud y cuidados, y obviamente ofrecerá gradualmente menor presencia en actividades laborales, que es lo que se observa desde hace varios años en los países europeos; los que se han visto obligados a modificar criterios para el acceso a la jubilación, elevando la edad o exigiendo mayor tiempo de vida laboral y de cotizaciones.
Por cierto que en ocasiones leemos opiniones peyorativas sobre los ajustes que experimentan los sistemas de seguridad social en estos países, cuando desde nuestro contexto, aún en las ventajosas condiciones que ofrece la composición etaria de nuestra población, tenemos muy serios problemas por resolver.
La población de jubilados -IVSS- se ha incrementado rápidamente desde 1998 para acá. Pasamos de cuatrocientos mil en ese año a dos millones seiscientos mil entre jubilados y pensionados en el 2013, resulta un salto notable al ver la relación con el total de población de cada momento, en el primer caso se trata de un jubilado por cada cincuenta y nueve personas y en el segundo cada once personas.
No obstante este salto cuántico en el número de pensionados, se aminora un tanto al observar que todos los jubilados son tratados por el IVSS con el pago de una pensión al nivel del salario mínimo, independiente de cuánto era el salario de referencia sobre el cual cotizaba el trabajador en su vida activa.
Pero en este presente año 2014 se ha resentido este crecimiento, ya que en lo que va del año no se han agregado nuevos jubilados el total nacional, no obstante que cada mes nuevas personas cumplen los requisitos mínimos de edad y de cotizaciones, esto sin entrar a considerar programas de asistencia social que llevan la pensión a personas que no cotizaron en su vida laboral al ente receptor, y que igualmente nutren la contabilidad de beneficiarios.
En el orden financiero el pago de las pensiones por jubilación descansa en la tesorería nacional, es decir renta petrolera y los impuestos. Los ingresos que percibe el IVSS de los cotizantes personas naturales y jurídicas, buena parte se los consumen sus propios gastos, es por lo que a lo largo del año a base de créditos adicionales, incluso hasta de bonos y préstamos, es como el Estado cumple con el pago a los jubilados, lo que a todas luces representa una seria inestabilidad en el cumplimiento con esta importante población nacional. Demás está repetir que el IVSS es un ente calificado desde hace muchos años de inauditable.
A la población de jubilados mencionados en los párrafos anteriores, agreguemos los jubilados y pensionados por otras vías estatales, que son bastantes, y los privados que no lo son tanto. No contamos con datos fidedignos para asomar cifras. Esperemos que entidades públicas y privadas concernidas nos los provean.
Sirva para recordar el atraso que el parlamento tiene con la construcción de las leyes pendientes de la seguridad social, que incluye la de pensiones y jubilaciones, un atraso de doce años. Si en este largo lapso se han acopiado estudios, consultas y elaboraciones, no estaría del todo mal, pero sólo vemos inercias.
En este contexto los recursos de los fondos de jubilación establecidos en el país, como efectivamente existen en el marco de algunas instituciones, para fines complementarios y como contribuyentes al apoyo de sus afiliados cotizantes, no dejan de ser percibidos como una alternativa en el contexto de la inestabilidad manifiesta en el sostenimiento de la población de jubilados.
Uno de estos casos son los fondos de jubilados en las universidades nacionales. La Contraloría General de la República se ha pronunciado en plantear su supresión, y la entrega de sus recursos financieros a la Tesorería de Seguridad Social y los bienes muebles cederlos a la universidad correspondiente (http://www.cgr.gob.ve/site_informes_special.php?Cod=028).
Destacamos que a la ya complicada relación entre el Estado y las universidades nacionales, especialmente las que gozan de algún grado de autonomía, se agrega este factor que desde ya forma parte de la agenda de inquietudes tanto del personal como de sus entes colectivos y jurídicos.
Finalmente, el periodo de disfrute del bono demográfico es una oportunidad para análisis y grandes decisiones que incluyan las pensiones y jubilaciones, para lograr que estas estén fundadas en las capacidades y posibilidades que estemos dispuestos a construir.
Lo que tenemos y llamamos seguridad social, es fundamentalmente una mezcla de rentismo, populismo, improvisación y capacidad de presión, pero también estamos seguros que inercias y pugnas selectivas no resolverán un problema de tanta magnitud.
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