Tras seis meses del inicio de las protestas protagonizadas por estudiantes y miembros de la sociedad civil en varios estados del país, continúan las denuncias por tratos crueles, vejaciones, tortura psicológica y golpizas por parte de funcionarios policiales o grupos no identificados, contra manifestantes.
Anzoátegui no es ajena a esta realidad, según lo afirma Denisse Hernández, abogada voluntaria para la defensa de los detenidos en la entidad.
“Hemos entregado alrededor de 20 informes a la Federación Interamericana de Abogados (FIA) que serán evaluados por sus capítulos internacionales. Documentamos desde vejaciones y fuertes golpizas, hasta maltrato psicológico contra los jóvenes”.
La jurista aclaró que un pronunciamiento de esta institución en Venezuela generaría una gran presión internacional para dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro país. “Se dice que aquí hay democracia porque hubo 15 elecciones, pero no hay estado de derecho ni separación de poderes”.
Hasta la fecha no hay información de que alguno de los implicados haya sido sancionado. “Los que están en posición de castigar, son los mismos que emanan las órdenes para hacer lo que no está bien”, acotó Hernández.
Señaló que a algunos manifestantes, incluso menores de edad, los encarcelaron en calabozos comunes. Otros fueron víctimas de intentos de robo con arma blanca dentro de los sitios de detención. A la mayoría les dieron trato de delincuentes.
«Les quisieron impartir charlas de adoctrinamiento y hasta los presionaron para que aceptaran. También les ofrecieron mejorar su condición legal si solicitaban una defensa pública y rechazaran las privadas que tienen respaldo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)”.
Trabas
“Los vicios en el proceso judicial no han sido pocos”, afirmó la defensora. No permitir a los menores la visita de sus padres o exigirles una declaración sin representación legal son de los más comunes.
“Una de las características en la tipología del delito penal es que es personalísimo, pero esto no se cumple. Agarran a una cantidad de personas sin precisión alguna, y les imputan un delito cuyos hechos no coinciden en el modo, lugar y tiempo en que ocurrió”.
Comentó que Anzoátegui es uno de los estados con más detenidos. Se estima que la cifra alcance las 435 personas. Carlos Pedroza, abogado y miembros del Foro Penal Venezolano (FPV), coincidió con esa apreciación. Aseveró conocer de cinco denuncias documentadas de violación a derechos humanos, que incluyen maltratos y otro tipo de agresiones físicas y psicológicas.
Recurrente
La tortura psicológica es la práctica más frecuente de los organismos de seguridad del Estado, indicó el abogado Manuel Ferreira, quien asiste a los estudiantes apresados. “Hay al menos 10 denuncias que se siguen ante la Fiscalía 19, referidas a tratos inhumanos como la aplicación desproporcionada de la fuerza o cascazos a personas que están desarmadas”.
Carlos Bolívar, también profesional del Derecho, contó la historia de un joven recluido en el Centro de Coordinación Policial El Viñedo, a quien “le cortaron el cabello con un cuchillo y lo obligaron a comérselo”.
“Lo más indignante que uno puede ver es la siembra de evidencias. Aun cuando existe jurisprudencia que indica que la declaración de un funcionario policial sin la presencia de un testigo, no es elemento de convicción para imputar a nadie, aquí se toma como válida. La gente piensa que esas cosas no ocurren en Venezuela, pero sí suceden”.
Eduardo Bittar, dirigente estudiantil universitario y fundador del Movimiento Más Unidos, afirmó que tiene información de manifestantes que han sido golpeados por los uniformados y presionados para que digan quiénes son sus financistas”.
También se refirió a otros que han sido agredidos salvajemente con armas blancas u objetos contundentes en las manos o cabeza. “A todos les tapaban los ojos para que no vieran nada”.
David Moisés, uno de los estudiantes golpeados por cinco efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, relató que su desagradable experiencia le dejó hematomas en el tórax y una fisura en el manguito rotador de un brazo.
“Estábamos en el Paseo Colón de Puerto La Cruz colocando cruces en señal de luto por la muerte de nuestros compañeros en Caracas y a pesar de que no interrumpimos el tránsito, fuimos fuertemente agredidos”. Los detenidos fueron recluidos en la sede de Polisotillo, en Chuparín y luego liberados.
Lejos de casa
Jeremías Silva y Gerardo Resplandor, ambos de Anzoátegui, llevan alrededor de tres meses detenidos. Silva permanece en el Sebin. Fue apresado durante el desalojo del campamento que jóvenes habían colocado frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas. A Resplandor se lo llevaron preso por participar en una manifestación en Santa Fe (Caracas) y se encuentra privado de libertad en la cárcel capitalina de Yare III. En nuestra entidad se han desarrollado varias actividades pacíficas como pancartazos y concentraciones para exigir su libertad.
Cronología
El pasado 12 de febrero de 2014, estudiantes de distintas universidades del país, llamaron a una marcha pacífica hasta el Ministerio Público en Caracas con el objetivo de que el gobierno buscara soluciones al tema de la inseguridad, el desabastecimiento de productos de primera necesidad, la inflación, las restricciones a la libertad de expresión, el desarme de los colectivos y la liberación de los presos políticos.
Jóvenes del estado Anzoátegui también se sumaron a este llamado nacional de protestas, realizando diversas actividades en las calles de Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz. El 20 de febrero, tras una vigilia realizada por estudiantes en la pasarela de Boyacá, en rechazo a la detención de otros compañeros, del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López y el asesinato de varios universitarios, fueron detenidas 47 personas que actualmente mantienen medidas cautelares y las cuales serán presentadas en tribunales el próximo 26 de agosto. Los procesados están acusados por presuntos delitos de resistencia a la autoridad, agavillamiento, obstaculizar las vías públicas y detentación de sustancias incendiarias.
Apoyo internacional
La FIA es una organización internacional de abogados y estudiantes de Derecho, con sede en Washington (EE UU). La integran todos los colegios de abogados de América, España y Francia, y universidades. A solicitud del capítulo venezolano, representantes del ente han participado en las audiencias de los detenidos, junto con ONG defensoras de los Derechos Humanos en nuestro país.
Sin respuestas
El caso de Carlín Rodríguez, la joven estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María, quien resultó herida de bala en el rostro durante una manifestación pacífica en el distribuidor Fabricio Ojeda, aún está en fase de investigaciones porque no se ha identificado al responsable. El impacto del proyectil en el lado izquierdo de la mandíbula le ocasionó múltiples fracturas, entre otras complicaciones. (Yubelys Flores, Diario El Tiempo, 25.08.2014)
