Carece de sentido práctico negar la crisis estructural que pone en riesgo la vida humana, la integridad personal y la salud de la población venezolana. Lo coherente es que la Defensoría del Pueblo asuma su deber e impulse medidas humanitarias urgentes para enfrentar la grave situación del sector salud.
Además, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de múltiples denuncias sobre irregularidades en el acceso a la salud, algunas de las cuales han sido acompañadas por Provea.
En tal virtud, la Defensoría sabe la problemática y ha visto en el rostro de las víctimas su impotencia ante un Estado indolente. Hasta el personal de la Defensoría comparte con las víctimas esa misma impotencia. Pero la desesperanza de todas esas personas no sólo se debe a lo terrible que es el hecho de sufrir la muerte de un familiar o padecer una enfermedad crónica o de alto costo.
Su desaliento obedece a la imposibilidad material de poder evitarlo o de mitigar sus devastadores efectos, ya que en el país no hay insumos médicos, equipos quirúrgicos adecuados, medicinas, y ni siquiera hay seguridad para realizar en los hospitales públicos, los actos médicos básicos e indispensables para salvar una vida humana.
En los archivos de Provea reposan copias de las actas levantadas en el nivel central de la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría Delegada de Caracas, entre los meses de abril y mayo de este año. Las actas demuestran el compromiso asumido por ese organismo con integrantes de la Alianza Social por la Salud, para inspeccionar los centros sanitarios más importantes de la capital y diversas ciudades del país; verificar su situación e instar conjuntamente al Ministerio de Salud y entes competentes, a resolver las deficiencias detectadas.
El 28 de abril participé en una de las inspecciones que escasamente se desarrollaron en el marco de esos acuerdos. Una se hizo en el Hospital de Coche y la otra en el Materno Infantil de Caricuao. De ésta última tomé nota de los datos suministrados por el funcionario de alto nivel que recibió a la Defensoría del Pueblo y a integrantes de la Alianza Social por la Salud: un déficits de más del 70% de camas en un centro que atiende una población promedio de 500.000 personas.
Ese día y en presencia de funcionarias de la Defensoría del Pueblo constatamos la denuncia del movimiento sindical: un mamógrafo inactivo hace más de 10 años por falta de un enchufe adecuado.
Verificamos que la terapia intensiva no funciona y que hay un déficits de especialistas (pediatras y obstetras) que supera el 50% y que según nos informó el personal, no se cubre ni con los postgrados de médicos integrales.
Las inspecciones acordadas con la Alianza Social por la Salud fueron suspendidas unilateralmente por la Defensoría del Pueblo, argumentando la creación de una comisión que atendería la situación. Pasaron 3 meses y nada. Hoy en vez de garantizar, respetar y cumplir la Constitución, descalifica.
