Un grupo de pacientes, profesionales y activistas ligados al sector salud vienen solicitando que se declare “crisis humanitaria en la salud” en el país. La caracterización puede sonar exagerada, pero para quienes usan el sistema hospitalario público en el país la situación está llegando a niveles de desesperación.
A comienzos de 2014 la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red “Defendamos la Epidemiología Nacional” advirtió que de no solventarse y abocarse a la falta de insumos, medicamentos y equipos médico quirúrgicos que venían afectando al sector se podría generar una “crisis humanitaria de la salud”.
Fueron los primeros en plantear el término. El ministro de salud, reconoció la existencia de “fallas muy importantes a nivel de atención hospitalaria”, sin embargo apuntó “No compartimos esos estimados catastróficos que realizan actores con intencionalidad política y para generar angustia por una situación que no compartimos, si ha habido problemas con algunos rubros en particular y no es siempre el mismo rubro”.
A pesar que se anunciaron la implementación de algunas políticas, las mismas no lograron revertir la situación. El pasado 19 de agosto la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas emitió un comunicado denunciando una crisis “sin precedentes”. Exhortando al Estado a declarar la emergencia sanitaria y humanitaria ante la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos.
Según sus cifras, existe una falta absoluta de 35.000 rubros y se adeudan a proveedores internacionales 350 millones de dólares por el retraso del Centro Nacional de Comercio Exterior para liquidar divisas y la inexistencia de autorizaciones para adquisición de las mismas. Ese mismo día, en VTV el Ministro de salud, admitió que faltan algunos medicamentos y hay problemas de suministros pero que se solventarían en “cortísimo plazo” cuando se aprueben más divisas para el sector.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, calificó la petición como “absolutamente desproporcionada” aunque reconoció algunas fallas y exhortó a “no politizar el tema”.
Algunos centros hospitalarios públicos han anunciado la disminución en la prestación de sus servicios, incluso hay quienes ya han suspendido las intervenciones quirúrgicas de magnitud, debido a la falta de insumos esenciales y la poca disponibilidad de equipos. Así como el resto del país, la medicina nacional se encuentra dolarizada. Y cada vez hay menos erogación de divisas para el funcionamiento del sector.
En febrero de 2013 el Presidente de la República Nicolás Maduro, reconoció la crisis que atravesaba el servicio nacional público de salud. En dicha ocasión el primer mandatario nacional ordenó la “intervención” del Hospital de Coche, en Caracas, y de otros centros hospitalarios del país.
Diez meses después el 12.12.13 volvió a reconocer la grave situación al afirmar que los hospitales del país eran una “vergüenza”. Pese a ello, durante todo 2013 la crisis persistió. Ese año Provea registró un incremento de 84% -con respecto al período anterior- en el número de situaciones de impedimentos para la prestación servicios de salud pública al recibir 1976 denuncias.
Se redujo el número de vacunaciones y aumentó la cifra de enfermos por parásitos y vectores, continuó el estancamiento de la mortalidad materno-infantil, se agudizaron las interrupciones en la entrega de tratamientos a personas en condición crónica de salud y miles de pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia sufrieron las consecuencias de la negligencia del Estado venezolano, ya que no se tomaron las medidas necesarias para evitar la paralización de los equipos para suministrar los respectivos tratamientos, debido a que el Ministerio para la Salud no renovó oportunamente los contratos de mantenimiento de los mismos.
Los retrocesos y estancamientos en materia de disponibilidad, accesibilidad, gratuidad y calidad de la atención prestada, están afectando el derecho a la salud y el derecho a la vida de las y los venezolanos. Los avances en materia sanitaria que se habían logrado en tiempos del presidente Chávez hoy están esfumándose bajo la gestión de Nicolás Maduro.
En 2013 diversas organizaciones sociales dirigieron una comunicación a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, exhortándola a que actuase ante la grave crisis en el sistema público de salud y la indolencia del gobierno para dar respuesta.
En abril de 2014, una solicitud similar fue consignada ante el Despacho de la Defensora por pacientes y organizaciones sociales –entre ellas Provea- agrupadas en la Alianza Social por la Salud, requiriendo nuevamente su intervención.
Provea insiste en que para superar los graves problemas de la salud en el país, es necesario que el Ejecutivo Nacional abra el diálogo con todos los sectores involucrados para trabajar en la solución de los problemas de infraestructura, dotación médica-quirúrgica, suficiencia de equipos, seguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos, deudas, homologaciones del personal, salarios y contratación colectiva.
No basta con reconocer la crisis, se requieren medidas urgentes y sostenibles para revertir la situación de “vergüenza” de nuestro actual sistema público de salud y evitar se continúen perdiendo vidas por ausencia de atención adecuada y oportuna.
(*) Coordinador del Programa de Investigación
www.derechos.org.ve
@fanzinero
