Aquí les tengo otro caso más de las penurias del sistema penitenciario en Venezuela: Ludimar Espinoza (27), reclusa del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), conocida como la Cárcel de Mujeres de Los Teques, presenta síntomas de deshidratación y un cuadro séptico.
Presuntamente se conoció que la interna presentaba una inflamación en el cuello conocida como bocio, generada por una condición médica denominada tormenta tiroidea, que debe ser atendida a tiempo para evitar complicaciones que derivan en muerte.
El origen de casos como este está en que en el INOF existe una población de unas 750 internas y está atiborrado, no hay más espacio para otra área de reclusión.
Quizás se les ocurra construir un anexo y censarlo como otra penal mas, porque en nuestro país la imaginación es una cosa seria para hablar de centros de reclusión.
Por otra parte, la alimentación penitenciaria, aunque es un tema que los reclusos solo tocan cuando protestan, es uno de los derechos más vulnerados, mientras el Estado permanece indolente.
La palabra más común que usan los reclusos para denominar la alimentación que reciben es “basura”. La falta de una atención médica respetuosa y continua es otro de los karmas de nuestras prisiones. El Sida campea libremente por los recintos carcelarios.
Estar privado de libertad en una cárcel venezolana constituye una experiencia dolorosa e inhumana, dadas las precarias condiciones de vida que los centros de reclusión a cargo del Estado ofrecen a los presos: la gran mayoría de la infraestructura de las prisiones venezolanas es obsoleta, y no está en condiciones de albergar de manera digna a una población; los servicios de salud son escasos y deficientes; las condiciones de salubridad e higiene son tan pobres que las personas detenidas sufren de manera desproporcionada frente al resto de la población de enfermedades contagiosas como la tuberculosis y la hepatitis.
Mala alimentación, violencia y maltratos físicos y psicológicos. Una vergüenza nacional. La actual gestión es un rotundo fracaso y se incumple el mandato constitucional de haber descentralizado las cárceles.