Sostuvo Chávez en su programa Aló Presidente No. 375 del 05 de junio de 2011, lo siguiente: «Aquí tiene que acabarse definitivamente eso de estar golpeando o torturando a un prisionero».
La cita encabezó el proyecto de Plan Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de 2011.[1]
El instrumento fue aprobado en 2013, según nota del portal de Internet de la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente sus ejes no se cumplen, empezando porque ese organismo ni siquiera lo pone en práctica.
Una de sus directrices es alcanzar una “cultura de respeto al derecho a la integridad personal”, desarrollando la sensibilidad hacia el maltrato y estudiando los factores culturales y generacionales que reproducen la tortura.
Otro objetivo es crear “espacios libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, erradicando las condiciones estructurales y situacionales que favorecen esta práctica, visitando los centros de detención y retención de personas. Además plantea una labor de defensa y atención integral a las víctimas, mediante mecanismos efectivos de rehabilitación y seguimiento a sus denuncias, impulsando medidas para la reparación de los daños sufridos.
Finalmente, el plan propone crear un movimiento nacional para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por su parte, en el artículo 12 de la Ley contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, señala que corresponde a la Comisión Nacional de Prevención, realizar visitas libremente a centros de privación de libertad, tales como centros penales, centros de detención preventiva, instituciones policiales, instituciones psiquiátricas, centros de desintoxicación farmacológica, zonas de tránsito en puertos internacionales, u otros. Advierte la ley que estas visitas podrán ser realizadas sin previo aviso, con la finalidad de garantizar los derechos humanos.
Ahora bien, como es del conocimiento público, Provea estuvo gestionando ante funcionarios del SEBIN destacados en el centro de reclusión conocido como el Helicoide en Caracas, una visita para constatar las condiciones de las personas detenidas en ese lugar con motivo de las protestas realizadas en el país.
Entre los entes con los que tuvimos comunicación, conforme a sus competencias legales, estuvo la Defensoría del Pueblo. Fue por intermediación de la Fiscal General, que representantes de Provea sostuvimos reunión con el Director del SEBIN, buscando materializar esta visita y a pesar del compromiso de este funcionario, la visita sólo pudo hacerse a la joven dirigente estudiantil Sairam Rivas, el pasado 30 de agosto de 2014.
De esta manera, la realidad informa sobre el destino práctico del plan de prevención contra la tortura, sobre la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo al respecto y acerca del rol de la Comisión creada por ley hace un año.
Es decir, no funciona. Ni por gestión de la Fiscal General se logró que el SEBIN permitiera la visita de Provea a las personas detenidas en el Helicoide, restringiéndose la labor de defensa de los derechos humanos que realizamos.
Provea lamenta estas prácticas, que evocan la actuación del SIFA, la DIGEPOL o la DISIP, cuya historia institucional se escribió en parte con el dolor, el sufrimiento y la sangre derramada por la muerte de decenas, o quizás un poco más de una centena de personas torturadas, desaparecidas, entre 1958 y no hace mucho.
[1] http://fotos2013.cloud.noticias24.com/PLANNacional3101.pdf
