Familiares, compañeros de estudio, activistas y miembros de organizaciones sociales lanzaron una petición al Presidente Nicolás Maduro para que le sea otorgada la libertad plena a la dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela Sairam Rivas, y al resto de los jóvenes que se encuentran detenidos o sometidos a regímenes de presentación por haber ejercido su derecho constitucional a la manifestación pacífica consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna.
«Nos dirigimos a usted para exigir públicamente la libertad plena de todos los jóvenes privados de libertad, los presos políticos y los jóvenes bajo régimen de presentación. A la vez, también exigimos justicia en los casos de tortura, persecución y asesinato, y en general las violaciones de los derechos humanos donde son señaladas sus fuerzas oficiales por ataques contra civiles no armados durante el ejercicio del derecho a la protesta pacífica contemplado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», dice el comunicado difundido a través de la plataforma digital Avaaz.org, que permite a la ciudadanía adherirse a la petición suministrando su dirección de correo electrónico.
Desde 2005, más de 5000 venezolanos han sido detenidos o sometidos a procesos penales por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica. Sólo en 2014, más de 3200 personas fueron detenidas entre los meses de febrero y mayo, una cifra que superó a la registrada entre los años 1989-1992 durante el segundo mandato del ex-Presidente Carlos Andrés Pérez, calificado como uno de los períodos de mayor represión en nuestra historia reciente.
A pesar que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de más de 400 causas en las últimas 3 semanas, el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó este 02.09.2014 el pase a juicio de la joven Sairam Rivas, quien junto a los estudiantes Manuel Cotiz y Cristian Gil, deberán permanecer privados de libertad hasta tanto se realice la audiencia.
Sairam Rivas, se ha convertido en un caso emblemático de la creciente criminalización de la protesta en Venezuela y del afianzamiento de la mentalidad represiva entre quienes dirigen el Estado venezolano.
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