Los trabajadores de Sidor protagonizan otro conflicto en defensa de su derecho a la contratación colectiva. En esta oportunidad una huelga que ya se prolonga por más de 12 días en desconocimiento a la imposición de una convención colectiva, que según afirman dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), fue suscrita de espaldas a los trabajadores y pasando por encima de la organización sindical.
Hasta este 17.09.2014, el Ejecutivo Nacional no ha dado señales de querer solucionar el conflicto por la vía del diálogo toda vez que aún no se ha convocado al Presidente del SUTISS, José Luis Hernández, para reiniciar la discusión de las cláusulas económicas del contrato colectivo.
Este 16.09.2014 la periodista del Correo del Caroní Clavel Rangel, relató a través de su cuenta en la red social twitter los intentos de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Directiva de Sidor, por arrancar las áreas de la acería que han sido paralizadas luego del inicio del conflicto, en un nuevo intento por quebrar la huelga que desarrollan los trabajadores. Según informó la periodista en una nota publicada en el diario de circulación regional, los trabajadores mantienen paralizadas las acerías para presionar la discusión de las últimas cláusulas y la divulgación de las actas originales del contrato colectivo a 30 días de su firma.
Por su parte, el presidente de SUTISS reiteró en declaraciones ofrecidas a dicho medio, las denuncias de persecución y hostigamiento en su contra, condenando que se criminalice y se persiga a los trabajadores que exigen conocer el contrato y la firma de un Plan de Jubilación. «El gobierno trata de “silenciar a los verdaderos dirigentes obreros que no nos vendemos al patrón”, dijo el sindicalista.
Hernández añadió “¿por qué tienen que utilizar cuerpos combatientes, del Sebin, grupos de inteligencia de la Guardia Nacional para amedrentar a los trabajadores? Ahora no es que le allanan la casa a los dirigentes sindicales, ahora no es que secuestran los derechos, ahora es que tienen alcabalas y altos funcionarios de la CVG con vehículos oficiales para monitorear y amedrentar”.
Asimismo, los trabajadores denunciaron que luego del anuncio efectuado por el Partido Socialista Unido (PSUV) en la región sobre el «lanzamiento de una campaña de artillería para defender a Sidor de la desestabilización”, una alcabala de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se instaló en el Portón III de la empresa. Los sidoristas denunciaron que los funcionarios, encapuchados y con armas largas, alumbraron con linternas a los vehículos de los trabajadores y requisaron los autobuses. En rechazo a la medida, los trabajadores trancaron el portón III.
Desde su llegada a la Presidencia de la República, el Presidente Nicolás Maduro ha acelerado la militarización del país y ha consolidado formas autoritarias para ejercer la acción de gobierno, privilegiando la represión y la criminalización por encima del diálogo y el entendimiento con los distintos sectores de la sociedad que expresan sus legítimas demandas.
La doctrina de seguridad nacional con la cual ha venido gobernando el Presidente Maduro explica claramente el comportamiento del gobierno frente a la protesta de cualquier sector social. Bajo esta doctrina cualquier protesta es considerada un atentado a la seguridad del Estado y ello implica que en lugar de brindar una salida democrática al conflicto, se utiliza la fuerza del Estado para intentar intimidar a los trabajadores.
En junio de 2013, 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron en la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por disolver una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de un grupo de trabajadores que habían sido despedidos en 2012. La misma situación se vivió en CVG Minerven, cuando 45 efectivos militares ingresaron el 27.07.13 a la empresa, luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria. Hoy la situación se repite en Sidor ante la huelga que protagonizan los trabajadores desde hace más de 12 días.
Recurrir al empleo de militares o funcionarios policiales para intimidar e intentar frenar conflictos sociales constituye un atentado a los derechos de las y los venezolanos. Lastimosamente, quienes dirigen el Estado venezolano siguen respondiendo de la misma forma ante las expresiones legítimas de descontento social de la población. (Prensa Provea con información del Correo del Caroní y Clavel Rangel, 17.09.2014)
