En apenas 2 años, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha militarizado en cuatro ocasiones los conflictos más importantes que han realizado los trabajadores de las empresas básicas de Guayana.
En junio de 2013 la Guardia Nacional Bolivariana ingresó a la sede de la estatal Ferrominera Orinoco para sofocar una huelga en reclamo ante el despido de un grupo de trabajadores. Días después se produjo una situación similar en la misma empresa luego que el sindicato SINTRAFERROMINERA convocara a una huelga ante el estancamiento en la discusión de la convención colectiva.
En CVG Minerven 45 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron el 27.07.2013 a las instalaciones para impedir la realización de una huelga de trabajadores que se prolongó por más de 45 días en demanda de reivindicaciones salariales y ante el deterioro de la empresa. El operativo se realizó luego que la Fiscalía de Tumeremo ordenara el desalojo de las instalaciones como medida para detener el conflicto.
La situación actual en Sidor no es distinta. El Ejecutivo sigue dejando de lado el diálogo y la búsqueda de consensos para dar respuesta a las demandas de los sidoristas y acude nuevamente a la estrategia de la militarización para arrancar las áreas de la acería que permanecieron paralizadas por más de 13 días, luego que se impuso un contrato colectivo que hasta el propio sindicato SUTISS desconoce.
Este miércoles 17.09.2014 un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana ingresó al área de Planchones en la acería para obligar a los trabajadores a retomar las operaciones, e impedir la entrada de quienes permanecían en conflicto exigiendo la discusión del contrato colectivo. La operaciones fueron reactivadas bajo amenazas de despido y hostigamiento por parte de funcionarios del SEBIN contra el Presidente de SUTISS, José Luis Hernández y el Secretario de Trabajo y Reclamo, Leonardo Azocar.
También el SEBIN participó en el operativo deplegado para intimidar a los trabajadores en conflicto. Una alcabala fue instalada por este cuerpo policial en el histórico portón III de la siderúrgica, luego que altos funcionarios del Estado y la dirección regional del partido PSUV acusaran a los trabajadores y sindicalistas de estar vinculados a planes desestabilizadores.
En horas de la tarde de este 19.09.2014 los trabajadores Rederick Leiva, Leinys Quijada y Alberto Rojas integrantes del Movimiento Revolucionario Orinoco fueron detenidos por funcionarios del SEBIN en Puerto Ordaz. Sus familiares se comunicaron con Provea para denunciar que desconocían el paradero de los 3 detenidos. Finalmente, en horas de la noche de este viernes localizaron a los detenidos en la sede del SEBIN en San Félix.
“Saliendo de su apartamento (el de Rederick) le atraviesan un camión 350 blanco. Uno de los funcionarios se pasó para el carro del compañero Beto. A esos de las 2:40 de la tarde se los llevaron, estaban juntos porque estaban comiendo en su casa y el compañero Beto los fue a buscar para ir a Sidor”, declaró Naldi de Leiva, esposa de Rederick al Diario Correo del Caroní.
El artículo 97 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la huelga. Sin embargo, no son pocos los obstáculos y restricciones que se han construido para impedir su ejercicio. Desde la aprobación en 2002 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que creó las llamadas zonas de seguridad, se han promulgado un conjunto de leyes que limitan el ejercicio de este derecho constitucional. La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, entre otras, castigan la realización de huelgas y reuniones públicas en empresas del Estado.
Amparándose en dichas normas distintos Tribunales del país han “prohibido” e incluso penalizado a quienes ejercen este legítimo y constitucional derecho. El Ministerio Público ha aperturado procesos judiciales contra dirigentes sindicales que han encabezado huelgas en empresas del Estado, el caso más emblemático es el del Secretario General de SINTRAFERROMINERA Rubén González, quien permaneció 17 meses en prisión luego de encabezar una huelga.
El Presidente Nicolás Maduro proviene del mundo sindical. Cuando asumió la presidencia de la República en abril de 2013, muchos sectores del país hicieron votos para que –dado su origen- revirtiera el proceso de militarización del Estado y la sociedad iniciado por el fallecido presidente Chávez. Lamentablemente el Presidente Maduro no solo ha continuado, sino que ha acelerado la militarización del país consolidando formas autoritarias para ejercer la acción de gobierno, privilegiando la represión y la criminalización por encima del diálogo y el entendimiento con los distintos sectores de la sociedad que expresan sus legítimas demandas.
La doctrina de seguridad nacional con la cual ha venido gobernando el Presidente Maduro explica claramente el comportamiento del gobierno frente a la protesta de cualquier sector social. Bajo esta doctrina cualquier protesta es considerada un atentado a la seguridad del Estado y ello implica que en lugar de brindar una salida democrática al conflicto, se utiliza la fuerza del Estado para intentar intimidar a los trabajadores. El derecho a la huelga sigue siendo criminalizado en el país y el Gobierno Nacional sigue sin atender los reclamos de las y los trabajadores. (Prensa Provea, 20.09.2014)
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