Toda muerte debe entristecernos. Más aún si ella es consecuencia de un hecho violento que desnuda la terrible realidad que padecemos todos los venezolanos, y a la cual estamos expuestos a diario. De nuevo el asesinato de una figura pública como el diputado Robert Serra, pone en el centro del debate nacional las consecuencias de la violencia y la inseguridad desbordadas y su impacto en la vida de los venezolanos, sobre todo los más jóvenes.
En 2013, la violencia en Venezuela fue causante de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra alarmante que según la Organización Mundial de la Salud pudiera ser considerada como un problema endémico. La inseguridad y la violencia en el país cobraron la vida de 16.072 personas durante 2013 según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y de 24.230 personas según las cifras registradas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La exclusión social, la pobreza estructural, y la alta tasa de impunidad que según el propio Ministerio Público asciende a 92%, siguen siendo las principales causas de la inseguridad y los altos índices de violencia en Venezuela. Por otro lado, la consolidación del lenguaje belicista, la institucionalización del concepto de “enemigo-amigo”, la deshumanización y descalificación del adversario político, contribuyen a que desde las más altas esferas del poder y del mundo político se promueva la intolerancia y la violencia, que en última instancia niega y se muestra intolerante frente a la existencia del “otro”.
Resulta además paradójico que mientras se promueve una política de desarme, el Gobierno venezolano haya destinado año tras año, cuantiosos recursos de la nación a la compra de material bélico y equipos para la represión. En 2012, Venezuela se situó como el segundo país de la región –luego de Chile- que más gastó en armamento y material de guerra. En el presupuesto 2014 el monto destinado a gastos de defensa y compra de armas es muy superior al destinado a sectores claves como vivienda, cultura, deportes y pueblos indígenas solo para citar algunos. La profundización de la militarización y las respuestas autoritarias y excluyentes ante diversos fenómenos sociales y problemas que atraviesa el país, contribuyen con los escandalosos niveles de violencia.
Por otro lado, las medidas de mano dura y la militarización de las labores de seguridad ciudadana, no solo son contrarios a la Constitución Nacional y a la filosofía expresada en la Misión a Toda Vida Venezuela promovida por el ex Presidente Chávez, sino que además genera más problemas de los que ayuda a resolver. Mientras el eje principal de la acción policial y de los cuerpos de seguridad no esté apegado a estándares en materia de uso progresivo y diferenciado de la fuerza o prevención del delito, la mayoría de las actuaciones de los cuerpos de seguridad seguirán contribuyendo a mantener la espiral de violencia en Venezuela.
Desde Provea hemos insistido en que para abordar el grave problema de la violencia y la inseguridad en el país, es necesario que el Ejecutivo y las demás instituciones del Estado den muestras de voluntad política para generar consenso con todos los actores sociales y políticos, que se traduzca en el diseño de una política democrática y con respeto a los derechos humanos para revertir este peligroso fenómeno.
Reformar el sistema de administración de justicia para superar la corrupción y consolidar la independencia de jueces y fiscales, atacar los altos niveles de impunidad y desarrollar políticas que permitan la superación de la pobreza y la exclusión social deben ser la prioridad del Estado venezolano y para ello requiere el concurso de todas y todos.
Coordinador de Medios de Provea
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@intiamaru79
