Este 29 de octubre se cumplieron 26 años de la masacre de El Amparo, hecho en el que fueron asesinados 14 pescadores de esta población apureña, a manos de efectivos militares y policiales pertenecientes al Comando Específico José Antonio Páez (Cejap), que operó durante la presidencia de Jaime Lusinchi para combatir la presencia de grupos guerrilleros en las zonas fronterizas.
Luego de 26 años, El Amparo sigue resistiéndose a la impunidad que ha marcado una de las más terribles violaciones de derechos humanos de la historia contemporánea venezolana.
La masacre de El Amparo fue el primer caso de violación de Derechos Humanos en Venezuela llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Esta instancia hemisférica condenó al Estado venezolano por los sucesos y le ordenó indemnizar a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, e investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos.
Hasta ahora los responsables de los sucesos de El Amparo no han sido juzgados ante la justicia venezolana. Para Provea ello continúa siendo un aval a la impunidad, más aún, cuando buena parte de los involucrados en la masacre ocupan o han ocupado altos cargos en las instituciones del Estado venezolano a pesar de los señalamientos que pesan sobre ellos.
Una de esas personas es el actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, quien es señalado como autor intelectual de la masacre de El Amparo y de otros hechos ocurridos en el mismo período y conocidos como “los amparitos”.
Otras personas señaladas por haber participado en estos sucesos y que han ejercido funciones públicas en los últimos 15 años son: el General (Ej.) Camejo Arias, quien fue designado como director de Seguridad de la Gobernación del estado Bolívar, en 2004; el coronel (Ej.) José Vivas Quintero, exdiputado al Parlamento Andino en representación del Movimiento Quinta República (MVR); el excomisario (Disip) Henry López Sisco, quien fue contratado por el exgobernador Manuel Rosales en la Gobernación del Zulia; Ricardo Pérez Gutiérrez, juez militar que instruyó el expediente de la masacre y revocó los autos de detención contra los funcionarios involucrados en los hechos, dictando autos de detención contra los sobrevivientes por “rebelión militar”, fue contratado como asesor jurídico del Ministerio de la Defensa durante la gestión de José Vicente Rangel.
Este año, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó el compromiso que había alcanzado con Provea un año antes, para realizar una visita a la población de El Amparo y conversar con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes, esta visita aún no ha podido concretarse, sin embargo, saludamos la apertura del Ministerio Público para avanzar en el cumplimiento pleno de la sentencia de la CorteIDH sobre la Masacre El Amparo y reiteramos, como cada año, nuestra exigencia de que —en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas ocurridas en el período 1958-1998— se reaperture el expediente de El Amparo y se investigue y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de estos hechos que no pueden repetirse jamás. (Columna de Provea para el Diario Panorama)
*Coordinador de Medios de Provea
@intiamaru79
