En el marco del diálogo interactivo sobre los Informes 3º y 4º que fueron presentados por el Estado Venezolano al Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su Quincuagésimo Tercero (53º) Periodo de Sesiones, en Ginebra, Suiza, los días 6 y 7 de noviembre, el Comité Contra la Tortura evaluó la situación de tortura en Venezuela y realizó preguntas a la representación del Estado Venezolano sobre la implementación del Protocolo de Estambul, la capacitación de los médicos forenses en la documentación efectiva de las posibles quejas o denuncias sobre torturas, los servicios que la Unidad de Atención a la Victima presta a las personas torturadas, la creación de programas de rehabilitación para víctimas de tortura en el Ministerio de Salud, la presentación de datos y estadísticas concretas sobre la atención a las víctimas, la situación de las personas privadas de libertad en los recintos carcelarios, el aumento de situaciones de violencia y de denuncias de torturas y malos tratos en la represión de manifestaciones y la sanción a los responsables de la práctica de la tortura y otros malos tratos, entre otras cosas.
Los días 6 y 7 de noviembre, el Comité Contra la Tortura (CCT), evaluó el informe presentado por el Gobierno Venezolano sobre la situación de la tortura.
El Comité se enfocó en la situación de las personas privadas de libertad y sobre los asuntos de documentación de tortura y rehabilitación de víctimas, preocupaciones compartidas por la Red de Apoyo por la Justicia y Paz y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT).
Durante el día viernes 7 de noviembre y hasta el 10 de noviembre, el Estado Venezolano entregó al Comité respuestas extensas pero poco precisas a las preguntas y observaciones del Comité Contra la Tortura, destacando la reforma policial, el nuevo régimen penitenciario y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, establecidos en la leyes y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue leída extensamente durante el periodo de respuestas, frente a todos los miembros del Comité, comprometiéndose también a fortalecer la atención médica y psicológica a las víctimas, la capacitación de los médicos forenses en la documentación de la tortura, la implementación del Protocolo de Estambul, establecer mecanismos concretos para la reparación e indemnización a las víctimas, no tomar represalias contra las organizaciones o personas que colaboraron con el Comité proporcionando informaciones alternativas o complementarias y continuar con el proceso de estudio sobre la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), ya suscrito por la República Bolivariana de Venezuela.
Durante la sesión, el Comité reconoció la importancia de la nueva ley para prevenir y sancionar la tortura. Sin embargo, el Comité lamentó la falta de información detallada proporcionada sobre la atención a las personas víctimas de tortura y otros malos tratos, la falta de independencia y transparencia en el Poder Judicial y la ausencia de datos sobre las sanciones impuestas a los perpetradores de tortura que dan una sensación de gran impunidad.
A pesar de la poca precisión en las respuestas, con la información proporcionada por el Estado a las preguntas planteadas en las sesiones realizadas entre el 6 y 7 de noviembre, el Comité elaborará un documento con “Conclusiones y Recomendaciones” para el Estado con el fin de prevenir posibles actos de tortura, mejorar la atención a las víctimas, proporcionar servicios de rehabilitación y mecanismos para la reparación e indemnización para avanzar hacia la erradicación de la tortura en la implementación de la Convención Contra la Tortura.
La Red de Apoyo por la Justicia y Paz y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) estuvieron presentes en el diálogo interactivo entre el Estado Venezolano y el Comité contra la Tortura en Ginebra y presentaron informaciones y propuestas complementarias a los informes oficiales.
La Red de Apoyo y el IRCT confían en la pronta implementación de los compromisos asumidos por el Estado Venezolano y las Recomendaciones del Comité, de manera que se puedan evaluar los resultados de dicha implementación no sólo en la presentación del nuevo Informe Periódico dentro de cuatro (4) años, sino en el diálogo que el Estado venezolano establecerá en julio del próximo año (2015) con el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas con motivo de la presentación de su informe relativo a los avances y logros de Venezuela al implementar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela también es parte al haberlo suscrito y ratificado en el año 1978. El IRCT con permiso del Comité Contra la Tortura pudo grabar las sesiones públicas del mismo y están disponibles en http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/.
El Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la “Convención Contra La tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, de la cual Venezuela es Estado Parte. Está formado por 10 personas elegidas por los Estados Partes y entre sus funciones está analizar los Informes inicial y periódicos que los Estados presentan cada cuatro (4) años, elaborar unas Conclusiones sobre la situación de la implementación de esta Convención en el país y Recomendaciones para avanzar en la erradicación de la Tortura y los malos tratos.
El Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) es una organización internacional independiente de profesionales de salud, fundada en 1985, que agrupa a 146 centros de salud y rehabilitación de víctimas de tortura en todo el mundo, el cual tiene su sede en Dinamarca, estatus consultivo en las Naciones Unidas (ECOSOC) y presencia en más de 70 países.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una asociación civil sin fines de lucro, que promueve y defiende los Derechos Humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar; Atiende médica, psicológica y socio-pedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares; Promueve políticas públicas en materia de Derechos Humanos; Realiza actividades de promoción y difusión de Derechos Humanos y acompaña procesos populares de Educación en Derechos Humanos. (Prensa Red de Apoyo, 11.11.2014)
