El crimen ocurrido contra 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en México, ha sacudido a ese país y al mundo entero. Además de los detalles dantescos del hecho, ha aumentado los niveles de horror la vinculación de altas autoridades del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la masacre, un emprendimiento partidista cuyo principal argumento era la oxigenación por la izquierda de la democracia mexicana, dominada por partidos como el PAN y especialmente el PRI. Lo viejo enquistado en lo presentado como nuevo. Lamentablemente, no es la única escena de horror hoy en suelo latinoamericano.
Cuando esto se escribe sumaban 42 los fallecidos en el recinto penitenciario de Uribana, estado Lara, en un hecho todavía por esclarecer, pero que no ha generado la proyección mediática de la otra cuarentena. Las versiones son contradictorias: Las autoridades hablan de intoxicación voluntaria mientras que los familiares hablan de envenenamiento.
Lamentablemente todo indica que nunca sabremos la verdad de lo ocurrido. A comienzos del 2013 ocurrió una masacre que involucró a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y que según el Ejecutivo habrían perecido 56 personas. Se prometió una investigación que hasta el día de hoy no ha arrojado resultados. Si sumamos aquellos fallecidos con estos, la cifra duplica holgadamente a Ayotzinapa.
En un comunicado conjunto entre Provea y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se solicita la renuncia de la ministra de asuntos penitenciarios Iris Varela, para facilitar las pesquisas que actualmente adelanta el Ministerio Público. Es curioso, por decir lo menos, que en México la indignación señale la responsabilidad política del presidente Peña Nieto en los hechos, en nuestro país ningún alto funcionario se quiera dar por aludido por lo ocurrido en Uribana.
Como recordaron en el comunicado, la denominada política de “humanización penitenciaria” de Iris Varela es un eufemismo para disimular la permanente violación a los derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios: Se siguen repitiendo situaciones de violencia y muertes en las cárceles venezolanas, asociadas principalmente al hacinamiento, los malos tratos de la GNB y funcionarios del GRIC (Grupo de Requisa Inmediata Carcelaria), además de las pésimas condiciones en las que se encuentran la mayoría de los recintos carcelarios.
En su informe semestral 2014 presentado en el mes de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) destacó un incrementó de 3,22% en la población reclusa del país con respecto al mismo período de 2013, contabilizándose en más de 55.000 el número de personas privadas de libertad en las distintas cárceles del país.
Esta cifra representaría un 190% de hacinamiento de acuerdo a la capacidad instalada en los centros de reclusión, lo que constituye una de las principales causas de violencia carcelaria y violaciones a los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos para personas privadas de libertad.
En las cárceles venezolanas los reclusos carecen de atención médica durante las 24 horas, lo que constituye una violación a los artículos 83 y 272 de la Constitución Nacional y los principios consagrados en Convenios, Tratados y Pactos Internacionales en la materia, suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
A pesar de los numerosos episodios de violencia, en la mayoría de los centros de reclusión no se cuenta ni con el personal, ni con los equipos e insumos necesarios para atender emergencias.
El Estado no ofrece la atención médica a los internos que la requieren, a pesar que la mayoría de las enfermedades están asociadas a las pésimas condiciones de reclusión caracterizadas por el hacinamiento, la insalubridad, la falta de acceso al agua potable, la insuficiencia de medios para el aseo personal y alimentación inadecuada de la población reclusa y a sus familias que son sometidas a requisa inhumanas.
Sólo en el primer semestre de 2014, 110 internos resultaron heridos y 150 fallecieron en las cárceles venezolanas. Desde 1999 han muerto 6.313 personas y otras 16.318 han resultado heridas en diferentes cárceles del país. Desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciario el 26.07.2011 -cuyo Despacho ha estado encabezado por Iris Varela-, hasta el 30.06.2014, fallecieron 1.463 personas y otras 2.259 han resultado heridas.
En sus observaciones finales sobre Venezuela el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT en inglés), se instó al Estado a “reforzar de forma urgente los recursos destinados a la provisión de alimentos, agua, saneamiento y atención médica y sanitaria de los reclusos en todos los establecimientos penitenciarios y retenes policiales y adoptar las modificaciones legislativas necesarias para facilitar el acceso a penas alternativas a la prisión y fomentar su aplicación”.
El Estado debe asumir su responsabilidad en materia carcelaria y promover políticas y medidas que apunten a superar de forma estructural la grave crisis del sistema penitenciario nacional. Un mensaje en este sentido sería la renuncia de la ministra Iris Varela.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
