A pesar de los operativos que adelantará en el ultimo trimestre del año la Fuerza Armada Bolivariana, la minería ilegal en el estado Bolívar «ganó terreno» en la geografía regional y se incrementó el número de hectáreas devastadas en un 40 por ciento con relación al año 2013.Así lo dio a conocer el director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz.
«Los reportes provenientes de los distintos municipios de Bolívar donde se practica la minería ilegal son alarmantes por el grado de intensificación de la actividad«, apunta Lanz, para quien la crisis económica y el alto valor de la «grama» del oro; han sido las principales causas en el repunte de la actividad aurífera en la entidad, en detrimento de los frágiles ecosistemas guayaneses que están siendo afectados.
El caso de Canaima es sólo una muestra de ello -señala Lanz-, dado que nunca nadie se había atrevido a devastar un patrimonio natural de tal envergadura.
«Si bien gracias a la presión de la opinión pública se logró paralizar la devastación y contaminación del río Carrao, no es menos cierto que para haber llegado a este nivel de afectación, esta mina tuvo que ser trabajada por más de un año; lo que genera una preocupación mayor, dado que al parecer, la devastación debe ser descomunal para que los organismos competentes activen las debidas acciones para detener el ecocidio», agregó el titular del CIEV.
Mientras en otras zonas del la entidad, Lanz advierte que se ha incrementado la minería ilegal como en el caso de Sierra Imataca en El Palmar en el municipio Padre Pedro Chien; asimismo las bullas en el Alto y Medio Paragua y la más reciente entre Upata y El Manteco.
«En tanto la minería ilegal en Icabaru continúa y en el Alto Caura ya hay informaciones que se encuentran más de tres mil mineros socavando los ríos afluentes y riberas del mismo Caura», indica con preocupación el ecologista.
Minería ilegal continúa degradando los bosques y ríos
A pesar del decreto de paralización de la actividad aurífera realizado por el Ejecutivo Nacional hace más de un año, se observa una intensa actividad minera de oro y diamante en la zona de Ikabarú y en toda la vía que la comunica desde Santa Elena de Uairén, sin que se hayan evaluado los impactos y consecuencias hidrográficas sobre la principal central hidroeléctrica del país, la represa Simón Bolívar en Guri y las otras represas aguas abajos.
De igual forma, la minería ilegal en el Alto Paragua, principal afluente del Caroní, también afecta la vida de estos importantes cuerpos de agua dulce.
Con el marco jurídico que rige la actividad minera -mucho más restrictivo-, que lejos de minimizar la problemática ha presentado un incremento de las denuncias sobre ilícitos ambientales, ecocidios e incremento de la minería ilegal, consideramos que las comisiones interinstitucionales no han logrado resolver la situación
“De tal manera, que si esta represa no ha colapsado en su función de producción energética ante la enorme intervención y deterioro que se está llevando en la cuenca alta del río Caroní, se debe a la enorme regulación de la escorrentía que todavía realizan los bosques del río Paragua (…) Sin embargo, el peligro de la colonización minera en esta zona de Ikabarú es precisamente que ya está penetrando intensamente el Alto Paragua, prueba de ello son las ilógicas intervenciones mineras en una de las microcuencas de las cabeceras de este río como las del rio Karum, la cual se está invadiendo terriblemente a través de pistas de aterrizaje, trochas y finalmente por navegación fluvial en el mismo río”, indicó el ecologista.
Toda esta actividad minera en esta zona, en primer orden ilegal, sobre todo por estar enmarcada en Áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Tal es el caso de la microcuenca del río Ikabarú decretada reserva nacional hidráulica por el Decreto 2.311 en la Gaceta Oficial número 35.180 del 26 de marzo de 1993 y porque en definitiva el alto grado de deterioro que causa esta actividad es evidente al remover todos los horizontes del suelo y alterar la compleja estructura radicular de estos BTH (bosques tropicales húmedos) donde se realizan los procesos de reciclaje de nutrientes ante la pobreza edáfica.
“También esta incontrolable actividad minera se está realizando ilegalmente, puesto que además es una zona que ha sido protegida oficialmente en Gaceta Oficial desde 1974 por su importante función hidrográfica, como zona Protectora Sur del Estado Bolívar, que abarca la parte de la cuenca del Alto Caroní que está fuera del Parque Nacional Canaima, como lo es la Sierra de Pacaraima, hacia la más sensible zona boscosa no intervenida del Alto Paragua”, agregó.
En este sentido, las comisiones mixtas e interinstitucionales poco han logrado articularse para fiscalizar, detener, reconvertir y vigilar las áreas afectadas por la minería ilegal.
“Con el marco jurídico que rige la actividad minera -mucho más restrictivo-, que lejos de minimizar la problemática ha presentado un incremento de las denuncias sobre ilícitos ambientales, ecocidios e incremento de la minería ilegal, consideramos que las comisiones interinstitucionales no han logrado resolver la situación (…) Desde una base histórica, la competencia de la Guardia Nacional Bolivariana como ente rector y custodio de los recursos naturales a través de la Guardería Ambiental, tenía un balance más positivo para la conservación de los ecosistemas de la entidad y tuvo más control sobre las áreas mineras, minimizando incluso la invasión a nuevas zonas”, recordó Lanz.
Deforestaciones que agravan el cuadro ambiental guayanés
Asimismo, los incendios forestales y las masivas e inmensas deforestaciones que, en temporada de sequía se intensifican, destruyen en promedio 300 hectáreas en el estado Bolívar.
Según el estudio, las principales deforestaciones son realizadas por hacendados, dueños de fincas, hatos y fundos “aprovechando el intenso verano expanden la frontera agrícola y despejan de cobertura alta, media y baja de bosque para pastoreo de ganado (…) una situación que viene degradando el ambiente para monocultivos y fraccionando los habitat’s locales”, alerta el ecologista.
Adicional, las quemas de grandes extensiones de las pocas franjas selváticas de Gran Sabana por parte de comunidades indígenas, bien sea en labores de cacería y en menor grado, para hacer conucos; agravan la situación.
Estos bosques y matorrales están disminuyendo progresivamente su superficie, mientras que las sabanas están en expansión promocionando, en ambos casos, un proceso de degradación. Su principal agente destructor no es otro que el fuego.
“Son elocuentes las estadísticas sobre los incendios que se suceden en la Gran Sabana; aunque hay variaciones, es posible plantear que en un día del periodo de sequía en el año se han podido detectar hasta 80 en número por la estación de CVG-EDELCA (hoy Corpoelec) ubicada en San Ignacio de Yuruaní y que dan una idea sobre un terrible promedio de incendios hasta de 30 diarios para todo el periodo seco y sólo en la zona sur-oriental donde EDELCA la ha tomado como prioridad por ser zona de una supuesta recuperación de vegetación que no se observa, mientras que el lugar donde se encuentran amenazados los bosques no tiene ninguna presencia de protección”, resaltó el titular del CIEV.
Asimismo advierte que este proceso de degradación del bosque primario (que no pasa por un bosque secundario, sino que directamente es sustituido por un matorral ralo o la sabana antes mencionada), es debido en gran parte a esa fragilidad latente y a la misma frecuencia de los incendios.
Avanza degradación de bosques del Caroní
La cuenca alta del Caroní está destinada a convertirse en un gigantesco desierto de continuar el ritmo de destrucción de sus bosques, por lo que se puede decir que esta área se está sabanizando y la sabana se está desertificando.
“Hasta la fecha no se han tomado verdaderas y urgentes medidas de protección, tal vez, debido a ese equivocado alarde de que la mayor área de la cuenca total del río Caroní todavía posee bosques (60 por ciento) y que por la enorme extensión del embalse todavía no se han presentado señales evidentes a simple vista sobre el proceso de deterioro que ya se ha iniciado en esta vital cuenca hidrográfica”, asegura Lanz.
Sin embargo, para el ecologista esta situación no duda de catalogarla de Bomba de Tiempo, “pues el grave proceso de desmejoramiento ha comenzado por la parte más sensible del río: sus propias cabeceras, donde la vegetación predominante que cubre el delgado y pobre suelo de la zona y que lo protege de las intensas lluvias, no es otra cosa que la típica de un paisaje de sabanas y de allí su nombre: “La Gran Sabana”, que da una idea de sus grandes extensiones”, señala.
Según los informes desarrollados por el CIEV; la destrucción sobre el bosque original que comenzó en la parte norte-sur-oriental de la cuenca alta del río Caroní y que hoy llaman La Gran Sabana, está orientándose peligrosamente hacia esta zona, amenazando estos bosques por un rápido proceso de intervención: exactamente por la vía de penetración que se dirige al oeste de Santa Elena de Uairén hasta la población minera de Ikabarú.
Es precisamente esta zona de la Sierra de Pakaraima, cerca de la carretera, los lugares donde la gran parte del bosque está desapareciendo (en esa parte de la cuenca) para dar paso a las sabanas.
Esta zona que domina el paisaje de la zona sur-oriental de la cuenca que es atractiva por la vía del Km 88 hasta Santa Elena de Uairén, está cubierta en su mayoría por vegetación de sabana, pero en gran parte de ciperáceas que crecen algo separadas (densidad baja) y que jamás van a proteger y a estabilizar los suelos con la eficiencia del bosque primario sustituido.
“Pero esta es la comunidad vegetal que se está extendiendo y dominando a un ritmo enorme, esencialmente en las micro-cuencas de los ríos Aponwao, Karuai y Kukenán, en la zona norte, central y sur-oriental de la cuenca alta, originando el peligroso fenómeno de la “sabanización” que afectará en su conjunto al río Caroní, principal cuerpo de agua que alimenta al embalse de Guri”, resalta Lanz.
En este sentido el titular del CIEV hace un llamado de ALERTA al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Gobernación de Bolívar y al presidente Nicolás Maduro junto a todas las organizaciones Ecosocialistas para que activen su accionar a problemas concretos que afectan la biodiversidad de la nación y, como en este caso, a la generación de energía eléctrica para toda la nación.
