Mediante el Decreto 1.473 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.156 de fecha 19.11.2014, el Presidente de la República Nicolás Maduro dictó –en el marco de los poderes habilitantes conferidos por la Asamblea Nacional- el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN).
Dicha reforma incorpora al texto legal la figura del “Sistema de Protección para la Paz” (Art.59), un órgano que integrará a todos los poderes del Estado junto al “pueblo organizado”, para promover actuaciones conjuntas en “defensa de la seguridad de la nación frente a amenazas internas o externas”.
El 25.11.2014 en un acto realizado en el Palacio de Miraflores, el Presidente Maduro activó el «Sistema de Protección Popular para la Paz» (conocido como SP3), contemplado en el citado artículo 59 de la reforma de la LOSN, y juramentó a los equipos de trabajo que lo integrarán. La Ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, presidirá este nuevo organismo que además contará con una dirección central integrada por el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López; el mayor general Gustavo Enrique González López y el diputado de la Asamblea Nacional Francisco Torrealba.
Según explicó la Ministra Melendez, el SP3 estará integrado por las “comunidades organizadas, el poder popular organizado, los sistemas operativos de la Fuerza Armada Nacional y el SEBIN”. Ya en octubre –antes de la activación de los SP3-, la página web oficial del Ministerio de Comunicación e Información (MinCI), anunciaba la activación del número 0800-2863284 “para recibir información vital sobre la violencia que quiere imponer la derecha y la ultraderecha a los venezolanos como un método de desestabilización”.
El portal reseñó que la iniciativa apuntaba a perfeccionar los mecanismos de coordinación de inteligencia en conjunto con el pueblo venezolano, el Plan Patria Segura, los Cuadrantes de Paz, y la utilización de la aplicación para teléfonos móviles inteligentes que “permite tener comunicación directa con los Cuadrantes de Paz”.
Pueblo contra pueblo
Durante la alocución del Presidente Maduro del 05.03.14 en el desfile en conmemoración al primer año de la muerte del presidente Chávez realizado en Los Próceres, el primer mandatario hizo un llamado a las organizaciones civiles identificadas con el oficialismo a realizar labores de contención y control de orden público, en medio de las protestas que se realizaban en buena parte del país.
«Yo llamo a todo el pueblo, a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, a los Consejos Comunales, a los movimientos sociales, a las Comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres, llamo a todo el pueblo a hacer valer, allá en su comunidad, la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado, para garantizarle la paz a nuestro país”, expresó el presidente Maduro.
Provea lo denunció en dicha ocasión. Con sus palabras, el presidente Nicolás Maduro incitó a la confrontación pueblo contra pueblo y exhortó a la población a cometer actividades ilegales e inconstitucionales, toda vez que la labor de control de orden público y seguridad ciudadana son competencias exclusivas de los órganos armados del Estado, tal como lo contempla el artículo 332 de la Carta Magna.
El llamado del Presidente Maduro tuvo como efecto inmediato un incremento de la participación de civiles, actuando en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional y distintos organismos policiales, en actividades de detención e intimidación a ciudadanos que se encontraban participando en manifestaciones. El Comando Popular Antigolpe creado luego de este llamado y presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, incorporó en sus filas a organizaciones sociales y agrupaciones paramilitares para realizar labores de represión a las protestas.
En un caso monitoreado por Provea en abril de 2014, se registró la actuación de miembros del “Comando Popular Antigolpe” en el estado Monagas, cuyos integrantes -según reseñó el portal web del medio oficial Agencia Venezolana de Noticias- “mediante labores de inteligencia y patrullaje en las calles de la ciudad de Maturín, informaron a los cuerpos de seguridad sobre la instalación de 18 focos de perturbación”, en distintas zonas de la ciudad, permitiendo que en una acción conjunta entre civiles y efectivos de seguridad, se lograra la detención de 7 personas que participaban en protestas. Las personas detenidas fueron golpeadas y despojadas de sus pertenencias.
En el Informe “Protestas y Derechos Humanos 2014”, se recogen numerosos testimonios de personas que fueron detenidas por civiles armados, sin ningún tipo de identificación,y que actuando en coordinación con cuerpos militares y policiales, se trasladaban en motos o en camionetas realizando labores de patrullaje, inteligencia y detención de ciudadanos.
Con el SP3 se termina de institucionalizar dos figuras represivas: los Comandos Populares Antigolpe y los llamados Patriotas Cooperantes. Estos últimos, inspirados en la política de «seguridad democrática» del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, abren el camino para que los ciudadanos se conviertan en delatores y dejan abierta la posibilidad para que cualquiera acuse a otro sin ningún tipo de prueba. “Millones de ojos, de oídos, de hombres y mujeres justicieros, patriotas cooperantes”, dijo el Presidente Maduro el 04.10.2014.
Sobre este aspecto el Comité Contra la Tortura de la ONU en sus Observaciones finales sobre Venezuela, presentadas en noviembre pasado, instó al Estado venezolano a asegurarse que los órganos encargados del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, «tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución del Estado parte», y «a restringir las labores de control de la seguridad interna a un cuerpo policial civil, debidamente entrenado, respetuoso de las normas internacionales en la materia y con los recursos suficientes para desempeñar sus funciones». El SP3 incorpora a organizaciones civiles en labores de seguridad ciudadana y control de orden público, violando el artículo 332 de la Constitución Nacional y abriendo las puertas a posibles violaciones de derechos humanos.
El Ejecutivo Nacional alista los instrumentos de represión para contener las demandas sociales y afianza la doctrina de seguridad nacional. El SP3 se suma a la lista de figuras represivas creadas recientemente por el gobierno del presidente Maduro. Las Brigadas Especiales contra Grupos Generadores de Violencia (BEGV), la Fuerza Choque de la FANB, las Milicias Comunales y Obreras, entre otras, constituyen preocupantes amenazas para las libertades democráticas y los derechos humanos en nuestro país.
El Ejecutivo debe brindar tratamiento democrático a la conflictividad social, por el camino de la represión y la restricción de derechos no se avanza hacía ninguna solución, por el contrario se agravan los problemas. (Prensa Provea, 15.01.2015)
