Durante el período de enero 2010 a septiembre de 2014, las condiciones en las que se desarrolla la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa.
El Estado venezolano ha incumplido sus obligaciones al no facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.
A partir del año 2004, en uno de los momentos en los cuales la polarización política presente en la sociedad venezolana alcanza su máxima expresión, la actitud del Estado venezolano cambia respecto de las ONG y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Se pasa de neutralizar su acción mediante la adopción de una estrategia defensiva ante las críticas provenientes del sector, a la adopción de una clara política de confrontación y descalificación pública, que ha generado graves consecuencias.
Las evidencias de este cambio son públicas y notorias, ya que las más altas autoridades de los Poderes Públicos no solo han negado su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gestión, como lo hacían otros gobiernos en el pasado, sino que han realizado graves acusaciones tanto a ONG como a defensores de derechos humanos, entre las que destaca la de “traición a la patria” por recibir fondos financieros de la cooperación internacional, más específicamente de los Estados Unidos.
Asimismo, y por primera vez en la historia democrática de Venezuela, se han registrado asesinatos y ejecuciones de defensores de derechos humanos.
En una data entre 2010 y marzo de 2014 se registraron 208 casos de ataques a defensores de derechos humanos, que implicaron varias violaciones a los derechos de estas personas. Setenta y un (71) casos afectaron a ONG, defensores de derechos humanos y miembros de comités de víctimas; ciento diecisiete (117) a defensores de derechos laborales, veinte (20) a defensores del derecho a la tierra.
De estas violaciones, las amenazas siguen siendo las más frecuentes. Luego se encuentran las campañas de desprestigio; las agresiones; los actos de seguimiento y vigilancia; intercepción de comunicaciones; la iniciación de acciones judiciales; violaciones al domicilio u oficina del activista; detenciones arbitrarias y en los casos más graves ejecuciones extrajudiciales, entre otros. También encontramos tipos de ataques como controles financieros y administrativos arbitrarios contra las ONG; y restricciones a la información pública en poder del Estado.
En cuanto a la autoría de los ataques, los funcionarios y funcionarias del Estado son los responsables de un alto porcentaje de las agresiones u obstáculos enfrentados por los activistas de derechos humanos, a pesar de que el Estado es el principal encargado de garantizar su protección.
El resto de los ataques son responsabilidad de particulares que se identifican como simpatizantes del gobierno nacional. Sin lugar a dudas destacamos con grave preocupación la impunidad en la que permanecen la mayoría de los casos a pesar de que las autoridades tienen pleno conocimiento de los hechos.
En el caso de defensores de los derechos humanos que trabajan en la promoción y exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI en Venezuela, estos se ven sometidas/os a amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, abusos y en casos extremos violencia física por parte de funcionarios del Estado y/o colectivos sociales afectos al gobierno, como por parte de particulares.
Frente a estos hechos descritos nos parece oportuno insistir en que él debe garantizar protección a las defensoras y defensores de derechos humanos, promoviendo una legislación que favorezca la libertad de asociación y garantice el libre ejercicio de las defensoras y defensores de derechos humanos y de las organizaciones no-gubernamentales, así como llevando a cabo investigaciones tendientes al enjuiciamiento y sanción de los responsables cuando se producen actos que vulneran sus derechos humanos motivados por su labor de defensa de los derechos humanos.
