A raíz de la promulgación en Gaceta Presidencial de la resolución No. 008610 del 23 de enero de 2015, que permite la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su conjunto, en labores de mantenimiento de orden público en el contexto de manifestaciones, diferentes organizaciones de derechos humanos del país hemos cuestionado la constitucionalidad de la norma.
La iniciativa vulnera abiertamente lo expresado en los artículos 68, 329 y 332 de nuestra Carta Magna y se coloca de espaldas a diferentes resoluciones de los organismos internacionales en la materia, lo cual incluye la sentencia de reparaciones en el Caso de El Caracazo, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos expresan la necesidad de separar, claramente, las labores de defensa nacional a ser realizadas por el ejército, a las de seguridad ciudadana. En el caso de nuestro país, diferentes normativas incorporan la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el caso que los cuerpos policiales sean rebasados por los hechos. A raíz de los hechos del año 2014, donde funcionarios de la GNB se vieron involucrados en diferentes violaciones, es necesario regular los patrones de actuación de este cuerpo. Pero al permitir al conjunto de la FANB (Armada, Ejército, Aviación y milicia) ejercer funciones de orden público se estarían generando condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos.
A raíz de la opinión de las organizaciones del Foro por la Vida y de otras como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una iniciativa denominada SurDH ha emitido un pronunciamiento denominado “Sobre la Resolución Nº 8610 y el control de orden público en manifestaciones” que ha sido difundido en diferentes medios de comunicación. Allí, sus integrantes legítimamente expresan su opinión sobre la resolución, lo normal en una sociedad democrática. Sin embargo dentro de su texto incurren en la descalificación y criminalización del resto de organizaciones, actitud reprobable para alguien que se califica de activista en derechos humanos.
SurDH es una iniciativa reciente, conformada por antiguos miembros de las ONGs que cuestionan y que hoy son funcionarios del gobierno venezolano, cosa que omiten deliberadamente. Si bien han denunciado algunos casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría de sus esfuerzos públicos durante su trayectoria se han enfocado a la descalificación de las ONGs independientes. En su texto reciente afirman “a SurDH le sorprende la conmoción que ocasionó la Resolución (…) y en algunas ONG alineadas con la oposición, que la denunciaron de manera virulenta como un instrumento de represión, contrario a derechos. En particular, resulta escandaloso que organizaciones de DDHH que se presentan a sí mismas como de un alto perfil técnico, se sumen a una estrategia burda, carente de todo fundamento”.
El comunicado es firmado por Ana Graciela Barrios, Antonio González Plessmann, Cristóbal Cornieles. Lucrecia Hernández, Pablo Fernández y Marieva Caguaripano, los dos primeros miembros del equipo de Provea durante muchos años, y el cuarto, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hasta fecha reciente, precisamente dos de las organizaciones que han estado activas en rechazar la constitucionalidad de la medida. En el caso de González Plessman y Barrios son miembros de la estructura de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (http://bit.ly/168Ql0O). Curioso que descalifiquen de esa manera una ONG que dirigieron y de la aún forman parte.
González, en diferentes ocasiones ha intentado criminalizar el trabajo de Provea al acusarla de “liberal” y estar alineada con la oposición, continuando el matriz descalificatorio implementado por diferentes gobiernos durante los 27 años de historia de Provea. Es curioso que durante sus años en Provea, como coordinador de área, haya aprobado afirmaciones como: “El lado más débil y la limitación más importante de la concepción socialista de los derechos humanos surge al negar unos derechos (las libertades individuales) para alcanzar otros (derechos sociales). Esto sucedió en la mayoría de los países socialistas, donde se relegaban ciertos derechos civiles y políticos (libertad de expresión y de pensamiento, de asociación política, de manifestar), en el entendido de que no podía haber contradicción entre los ciudadanos y que el Estado representaba y garantizaba todos sus intereses”, apostando en ese momento por la universalidad e interdependencia de derechos, cosa que parece olvidar. Este mismo González, que alguna vez fue víctima de los ataques de Eva Golinger al acusarlo de ser personalmente financiado por Estados Unidos, hoy repite sus mecanismos de manipulación y descalificación.
Provea apuesta por el diálogo democrático como mecanismo para la resolución de conflictos. Pero hemos exigido, tanto los altos funcionarios gubernamentales, como a los pequeños que integran SurDH, que se haga con respeto. Sin perder el foco en nuestra misión, que es el apoyo a las víctimas de violaciones a los DDHH, les decimos: Los ataques no nos intimidan y no harán que nos inhibamos ante el desconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución y el aumento de la pobreza. (Rafael Uzcátegui, Correo del Caroní, 02.02.15)
