Quienes durante la temporada de vacaciones que termina escogieron El Paují como su destino, desafortunadamente, no pudieron bañarse en sus ríos.
Voceras de la Fundación Mujeres del Agua expresaron que los visitantes dijeron estar sorprendidos por la condición de la Poza Paují, absolutamente tapada por la arena y por la turbiedad del Chaverú; estos son dos de los principales ríos del lugar y los viajeros debieron internarse hacia El Cajón y La Gruta para conseguir aguas limpias. No obstante, en La Gruta se consiguieron con un grupo de mineros instalando sus máquinas para comenzar a operar al cierre de la temporada de turismo.
La situación se presentó también en la parte alta del sector oriental del Parque Nacional Canaima: el majestuoso río Kamá también estuvo sucio porque un grupo de personas continúa trabajando sobre el río Uroi Uarai en el sector alto de la cuenca.
Por petición de los turistas y algunos vecinos, los efectivos del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Peraitepui visitaron El Paují en varias oportunidades a partir de la tercera semana del mes , pero se consiguieron con que los mineros habían salido del Chaverú y que el cauce estaba limpio.
Acuerdos incumplidos perturban desenvolvimiento comunal
El Paují es una comunidad mixta, en donde habitan familias indígenas pemón y no indígenas, ubicada a 80 kilómetros de Santa Elena de Uairén en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, en la frontera venezolana hacia el Brasil, en donde está prohibida la minería.
La prohibición parte de la importancia de estas cuencas para la hidroelectricidad de la cual se sirve al menos el 70% de la población del país.
Sin embargo, tras los acuerdos alcanzados entre las autoridades y las comunidades indígenas pemón en febrero de 2013, se permite la extracción de minerales preciosos siempre y cuando se trabaje lejos de los ríos, de forma artesanal y se reforesten las áreas afectadas.
En la práctica, sin embargo, crece el tráfico de combustible y esto ocurre porque cada vez más mineros, indígenas y no indígenas, instalan sus maquinarias en el lecho de los ríos, alteran los cauces naturales, ensucian las aguas, facilitan la sedimentación, extraen las riquezas y se marchan sin recuperar las zonas intervenidas ni devolver las plantas a sus sitios habituales.
En la comunidad de El Pauji se ha discutido acerca del impacto de la minería sobre el espacio geográfico del pueblo. En estos encuentros, el capitán Rogilio Campino ha manifestado que los acuerdos a los que se llegó con los mineros no se están cumpliendo es decir que ensucian las aguas y no reforestan.
El incumplimiento de los compromisos en esta materia es un motivo de preocupación para las Mujeres del Agua, puesto que, de acuerdo con la experiencia de Carmen Raquel Benavides, quien fue capitana y hoy forma parte de la Fundación, estas situaciones llevan a las autoridades indígenas a intervenir a través de las denuncias o de las intervenciones directas en las áreas devastadas, dos recursos que suelen ser una fuente de conflictos en la comunidad y obstáculos para la consecución de proyectos comunes.
Estas personas trabajan con máquinas de hasta seis cilindros perforando enormes sabanas o removiendo el material del lecho de los ríos en donde hacen enormes boquetes.
Como, en términos formales, la minería está prohibida en estos espacios, sobre los cuales existen medidas de protección ambiental, la actividad se realiza de forma clandestina, el estado no percibe nada por los recursos extraídos del subsuelo y ante la impunidad se ha fortalecido la indiferencia entre quienes por tradición se inclinaron por la conservación de las selvas y ríos de Gran Sabana.
Autoridades deben actuar
Como conocedoras de la situación y de las perturbaciones que surgen dentro de la comunidad, cuando las autoridades indígenas intentan frenar los daños causados por la minería, en Mujeres del Agua se estima que lo prudente es que las supervisiones sean realizadas por las instituciones con competencia ambiental, como el Vice Ministerio de Ambiente, ahora adscrito al despacho de Vivienda y Hábitat y la propia Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que, al menos quincenalmente, visiten los ríos y documenten mediante fotos y videos la situación de estos lugares para levantar una base de datos.
En cuanto a los operativos ordenados por el Ejecutivo Nacional, reflexionan que “en vez de ser operaciones militares puntuales muy costosas tendrían mas impacto apoyando y supervisando a los funcionarios locales para garantizar que los ríos queden limpios”.
