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La medida del aumento de la gasolina es una decisión política y no técnica. El gobierno de Hugo Chávez se caracterizó por redistribuir la riqueza mediante subsidios focalizados (denominados “misiones”) y subsidios universales (como el mantener congelado el precio de la gasolina). Al revertir la gran política pública subsidiaria que implementó el presidente Chávez durante sus años de mandato el presidente Maduro esta transitando a un modelo diferente, a otra forma de gobierno.
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Esta nueva forma de gobierno, ante la disminución de los ingresos proveniente de la cesta petrolera y la necesidad de constreñir el gasto público, incorpora progresivamente lógicas de mercado en donde Chávez había hegemonizado la racionalidad estatal. Un paso en esta dirección fue la aprobación, en noviembre de 2014 mediante facultades habilitantes, de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Esta normativa crea una serie de “Zonas Económicas Especiales”, territorios del país con garantías para la atracción de inversión extranjera que, como la ley establece, tendrán un régimen laboral “especial”, diferente a lo establecido en la reciente Ley Orgánica del Trabajo (Lottt). Si bien el Estado tendrá una participación mayoritaria en las ZEE, serán las condiciones favorables para la presencia de capitales foráneos lo que determinará el tipo de mercado, y los bienes y servicios, a ofertarse en estos territorios.
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El gobierno del presidente Maduro ha decidido el aumento de la gasolina. Y para implementarlo ha convocado a un debate público para decidir el nivel de su incremento, estimulado por una intensiva campaña promocional en los medios de comunicación. Hasta ahora, la única voluntad de diálogo del Ejecutivo ha tenido que ver con decisiones en materia económica.
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Venezuela posee los yacimientos petroleros más grandes de América Latina. Es una ficción comparar los precios de la gasolina en un país que ni tiene petróleo ni es productor con uno que sí lo es.
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No es posible solucionar la crisis económica sin primero solventar la crisis social que la origina, la cual vulnera por igual derechos sociales y políticos de las mayorías. Hay que tener clara esta dimensión, para no caer en el error de jerarquizar la discusión sobre ajustes macroeconómicos y aumento de ingresos no petroleros del Estado como si esto fuera a solucionar mágicamente el debilitamiento integral de la democracia –y Provea sostiene que democracia es, entre otras cosas, combate a la pobreza-.
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El aumento de la gasolina forma parte del paquete de medidas económicas mediante las cuales se intenta que sean las mayorías las que paguen la crisis generada por la serie de malas decisiones, así como por la ausencia de controles y sanciones de las irregularidades administrativas.
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No se puede hablar del aumento de la gasolina sin discutir políticas integrales para mejorar el transporte público en el país: el deterioro de la infraestructura de terminales urbanos y suburbanos, así como la necesidad de construirlos en las poblaciones donde no existan; el estado de las unidades de transporte y la necesidad de modernizar la flota existente en el país; la ausencia de indemnizaciones para los usuarios afectados por los retrasos, suspensiones del servicio o accidentes de tránsito; la finalización de proyectos de transporte público masivo paralizados en el país.
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“Por años nos atuvimos al incremento del precio petrolero. Con innumerables defectos y deficiencias, pero también con grandes logros. Durante los últimos diez años la situación ha sido otra. La caída de los precios del petróleo, la deuda externa, la fuga masiva de divisas, los cambios diferenciales y otros tantos errores y omisiones, han acumulado profundos desequilibrios monetarios, cambiarios, financieros y fiscales. A ello debemos añadir que la inflación ha sido represada artificialmente (…) El frenesí importador ha sido incentivado por los mecanismos irregulares y los dólares preferenciales, a la par que las bajas tasas de interés han impedido el ahorro y han estimulado el crédito para un pequeño sector privilegiado. Esta es la vieja y cómoda tradición de ir tapando los huecos con remiendos, a medida que la verdadera realidad del país se desgarraba bajo nuestros pies (…) Porque es necesario repetirlo de manera categórica. Mi gobierno tiene y tendrá un marcado acento social. Irrevocable compromiso con los trabajadores, con los campesinos, con la clase media, con los sectores populares venezolanos. Las medidas que anuncio al país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. No se trata de procurar, por la vía de la compensación piadosa, el efecto que las reformas económicas pueda tener a corto plazo sobre los sectores de menores recursos”. Discurso del presidente Carlos Andrés Pérez, 16.02.89, anunciando un paquete de medidas económicas
