En Venezuela, el «caso Viasa» fue un triste ejemplo de privatización realizada a expensas de los derechos sociales de los trabajadores. Cuando se privatizó la Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa), muchos de sus empleados cobraban sus jubilaciones mientras otros esperaban recibirlas. Sin embargo, una de las cláusulas del contrato de privatización establecía que los empleados de la empresa perdían su condición de empleados públicos y, en consecuencia, el beneficio del plan de jubilación.
Durante 5 años dicha cláusula no se ejecutó pero finalmente se obligó a los trabajadores a firmar una transacción mediante la cual recibirían una determinada cantidad de dinero a cambio de renunciar a su derecho de jubilación. Semejante arbitrariedad obligó a estos trabajadores a organizarse en el Comité de Jubilados y Pensionados de Viasa para encarar la lucha por la justicia y la restauración de sus legítimos derechos.
Una sentencia firmemente establecida por el Tribunal 7mo. de Primera Instancia del Trabajo, corroborada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó realizar un pago a los trabajadores sobre la base de los años de jubilación negados. Sin embargo, transcurridos más de 3 años de esa sentencia, ha sido imposible lograr que la misma se ejecute. Por eso Provea, junto con el Comité de Jubilados y Pensionados de Viasa, decidió llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituyéndose en el primer caso de derechos sociales que se lleva desde Venezuela ante ese organismo.
Lamentable, Jesús Manuel Naranjo Cárdenas, presidente del Comité de Jubilados y Pensionados de Viasa no podrá conocer las decisiones que se tomen en el Sistema Interamericano con respecto a su derecho. Murió el pasado 14 de marzo. Es la 4ta. persona, de 19 demandantes, que muere en espera de justicia, para él y el resto de sus compañeros.
Prensa Provea, 21.03.03
