En 1989 Provea, en el análisis de coyuntura que presentaba en su primer Informe Anual sobre la situación de derechos humanos, hablaba sobre la aplicación de un paquete que poseía tres dimensiones: uno económico, uno represivo y otro judicial.
En la caracterización de lo que entendía como paquete judicial se establecía la partidización del sistema de administración de justicia y el uso discrecional de la justicia como mecanismo de venganza política.
26 años después la situación no sólo no se ha resuelto, sino que se ha profundizado. Provea ha denunciado que la situación de impunidad, consecuencia del deterioro e irregularidades dentro del sistema de administración de justicia, se ubica junto a la pobreza como una de las graves violaciones a los derechos humanos en el país.
La falta de independencia del poder judicial es parte del cuadro del debilitamiento del estado de derecho. La propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, encargada de la rectoría del ente que debería garantizar el acceso a la justicia para todos y todas las venezolanas, genera dudas sobre su imparcialidad en la toma de sus decisiones.
Una prueba de esta situación la constituye la comunicación que la funcionaria dirigió a la organización Amnistía Internacional el pasado 18 de febrero y que la misma Ortega Díaz hizo pública a través de su cuenta twitter.
Esta es la carta que enviamos a Amnistía Internacional ratificando el compromiso del Estado venezolano con los DDHH http://t.co/ypfwDTVHXp
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) February 24, 2015
La Fiscal dirige la misiva días antes que Amnistía difundiera los resultados de su informe anual 2015 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, donde se incluiría un capítulo sobre la situación de nuestro país. Inferimos que la epístola tenía como objetivo incidir en el contenido de la información sobre Venezuela.
Sin embargo, Ortega Díaz por lo que informa, no comprende la naturaleza de las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, al igual que Provea y otras similares, no trabaja sobre los delitos cometidos por los ciudadanos, sino en las violaciones a los derechos humanos ocasionados por los funcionarios. Para hacer una analogía es como si a un carpintero se le pide curar enfermedades, en vez de fabricar muebles.
Pasaremos a citar algunos fragmentos de la misiva: “(…) entiendo que conocen que la institucionalidad democrática del país, y la sociedad en general, se han visto afectadas por planes políticos injerencistas de los cuales son participes sectores nacionales e internacionales (…).
En ese marco geopolítico que atenta contra nuestra soberanía dirigentes de algunos factores políticos venezolanos, en el mes de febrero del año 2014, llamaron a acciones de calle, señalando que las mismas se mantendrían hasta tanto fuese depuesto el gobierno legítimamente instaurado en Venezuela. Para ello mantuvieron durante meses barricadas en algunas zonas de Caracas, así como en otros estados del país, desde los cuales generaron múltiples hechos violentos y delictivos que afectaron la vida, causaron lesiones a numerosas personas y daños a bienes e instituciones del Estado, entre ellos la sede principal del Ministerio Público (…) Ese llamado, así como las acciones que le sucedieron (subrayado nuestro), se encuadran jurídicamente dentro de diversos tipos penales, tales como homicidio, lesiones, asociación para delinquir, instigación para delinquir y daño a la propiedad pública y privada (…)
Es importante señalar que la interrupción del libre tránsito trae consigo un obstáculo que atenta contra el derecho a la salud de numerosos ciudadanos, para otros constituye un inconveniente insalvable (subrayado nuestro) en el ejercicio del derecho al trabajo y a la educación. Durante el desarrollo de estos hechos violentos, aquellas personas que hicieron algún tipo de esfuerzo para superar esos escollos fueron asesinados y otros lesionados (subrayado nuestro).
(…) una visión acertada de las causas que produjeron muertes y lesiones personales desde el mes de febrero hasta el mes de julio del año 2014, no puede obviar el análisis de los motivos políticos que perseguían las indicadas acciones violentas.
(…) La proliferación de denuncias, por parte de factores políticos radicales, sobre supuestos hechos de tortura tiene como propósito contribuir a la formación de una imagen negativa del Estado venezolano en materia de derechos humanos (…) Por tal razón, al difundir internacionalmente denuncias sobre casos de torturas sin soporte probatorio, no se hace otra cosa que contribuir a la desestabilización de la democracia venezolana.
(…) Otro tema (…) es el relativo a la independencia de la administración de justicia en Venezuela. Al respecto, conviene señalar que la Constitución delimita muy bien la independencia de los órganos que conforman el sistema de justicia (…) debemos calificar de propaganda política, con fines desestabilizadores, los cuestionamientos infundados sobre el sistema de justicia penal en Venezuela”.
La carta sigue. Y de por sí sola es el mejor ejemplo del sesgo presente en el “paquete jurídico” que Provea denunciaba 26 años atrás.
(Publicado originalmente en el Correo del Caroní / 02.03.2015)
