Este 04.03.2015, el Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua condenó a ocho años de prisión a los jóvenes Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, quienes habían sido detenidos el pasado 21 de marzo de 2014 durante una protesta pacífica que se desarrollaba en la ciudad de Maracay.
Raúl E. Baduel y Alexander Tirado fueron condenados por los delitos de intimidación pública, agavillamiento e instigación a la desobediencia previstos en el Código Penal Venezolano, la juez Iris Araujo fijó como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, lugar en el que permanecen recluidos desde finales de 2014.
“Se acaba de condenar a dos personas inocentes y con esta decisión la juez Iris Araujo criminalizó el derecho a la protesta e instauró la pena al derecho que tiene los ciudadanos de disentir y de expresar su desacuerdo públicamente con lo que está ocurriendo en el país”, dijo el abogado Omar Mora Tosta, defensor de los dos jóvenes, en declaraciones recogidas por el diario El Nacional.
Provea conversó con familiares de Raúl E. Baduel, quienes afirmaron que a pesar de no existir elementos que demostrasen la responsabilidad de los activistas en los delitos que le fueron imputados, el Ministerio Público y el Tribunal de la causa insistieron en criminalizar su derecho constitucional a la protesta sometiéndolos a un juicio político que finalmente se tradujo en una condena. “Es una vergüenza y una barbaridad que marca un precedente terrible” dijeron.
La defensa de los jóvenes anunció que la decisión será apelada en los próximos días y dijeron estar seguros que recuperaran su libertad. “Estos jóvenes no merecen ni un día más de prisión porque son inocentes” añadió Mora Tosta.
Tirado y Baduel fueron detenidos el 21.03.2014 por efectivos de la Policía del estado Aragua, mientras participaban en una cadena humana frente al parque de ferias de Maracay. La detención fue realizada durante el día, aunque los funcionarios aseguraron que ambos ciudadanos fueron detenidos a las 8 de la noche. Testigos informaron que los jóvenes no opusieron resistencia al arresto y tampoco arrojaron objetos contundentes a los efectivos policiales. Sin embargo, los funcionarios afirmaron que durante el momento de la detención, los acusados habrían lanzado diversos objetos y bombas molotov. La hermana de Raúl E. Baduel informó al equipo de Provea que durante el juicio un experto promovido por el Ministerio Público, descartó que su hermano o Alexander Tirado hayan manipulado artefactos explosivos o alguna sustancia similar, antes o durante los hechos.
Un vídeo difundido en Youtube muestra las circunstancias en las cuales fueron detenidos ambos ciudadanos.
El Gobierno insiste en criminalizar la protesta social. 2014 fue el año con más detenciones a manifestantes en los últimos 25 años de protestas en el país. Más de 3500 personas fueron detenidas por participar en manifestaciones, la mayoría de ellas de carácter pacífico. El Ministerio Público siguió actuando como el principal instrumento de criminalización de la protesta social y resoluciones como el Decreto 281 dictado en febrero por el Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, o la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia proferida en abril de 2014, impusieron más obstáculos para el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación pacífica, alentando al mismo tiempo la represión y las detenciones arbitrarias de manifestantes.
En mayo, a pesar de las recomendaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas que exhortó al Estado venezolano a respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica y promover un entorno seguro para los manifestantes, el Ejecutivo Nacional realizó un operativo de desalojo de los campamentos pacíficos que se realizaban en distintas plazas públicas del país, lo que generó una alta cifra de estudiantes detenidos, muchos de los cuales aún están sometidos a procesos judiciales.
El cierre de los espacios democráticos para la protesta pacífica, estimula la violencia y abre las puertas para que se cometan excesos y violaciones a los derechos humanos. El Gobierno debe respetar el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente y detener la criminalización de la protesta social en Venezuela. (Prensa Provea, 05.03.2015)
