El Centro de Derechos Humanos de la Unversidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) presentó el informe «Hasta que se demuestre lo contrario: violaciones del debido proceso a personas enjuiciadas por manifestar».
Luego de analizar 37 expedientes de tribunales penales del Área Metropolitana de Caracas y los Altos Mirandinos, que involucran a 399 personas, el informe concluye que el Ministerio Público no fue capaz de presentar elementos de convicción para acusar y pasar a juicio a 80% de los detenidos durante las protestas de 2014.
Asimismo, las actas examinadas por los abogados del CDH-UCAB no dejan constancia del o los delitos que presuntamente originaran la detención. Además, en aquellos casos donde los aprehendidos pudieron ejercer derecho de palabra en el juzgado, éstos expresaron que nunca les notificaron las razones de su detención; y aunque en la mayoría de los casos se alegó flagrancia, la presentación ante tribunales sobrepasó el tiempo establecido por el procedimiento penal para estos casos.
En este sentido, el CDH-UCAB registra que el derecho a la defensa se vio obstaculizado, especialmente por la imposibilidad a que los detenidos tuvieran una entrevista con sus abogados durante las 36 o 48 horas de detención preventiva. Además se evidencia la imposición de defensores de oficio, sin el conocimiento de las familias, los abogados o los mismos detenidos.
La investigación también halló constancia en expedientes de 29 denuncias de maltrato, de las cuales 17, es decir cerca del 60%, se mantiene sin seguimiento. Pese a que muchos detenidos mostraban señales visibles de lesiones al momento de su traslado a tribunales, rara vez éstas fueron tomadas en cuenta por los jueces, quienes no ordenaron apertura de investigaciones al respecto, y en los casos en que se ordenó, las mismas no han mostrado progreso alguno.
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