Cuentan los que acompañaron a Víctor Jara en sus últimas horas de vida en el estadio Chile, uno de los símbolos más siniestros de la dictadura de Augusto Pinochet, que los torturadores no lograron borrarle del todo la sonrisa al trovador del Gobierno de Salvador Allende ni cuando lo golpearon brutal y repetidamente, antes de acribillarlo a balazos. En su cuerpo se hallaron más de 40 disparos.
Pero el tiro que acabó con su vida fue el que recibió en la nuca, casi a quemarropa, después de que sus torturadores se divirtieran jugando con él a una mortal ruleta rusa. Fue el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado contra Allende y de la posterior detención de Jara junto con cientos de compañeros en la Universidad Técnica del Estado (UTE). El estadio Chile, hoy estadio Víctor Jara, sería todavía testigo mudo de muchos más horrores en los comienzos de la larga dictadura de Pinochet (1973-1990).
Cuatro décadas más tarde, la familia de Víctor Jara, que nunca dejó de buscar justicia, puede empezar a sonreír otra vez. Un juez de Florida ha ordenado esta semana que el hombre identificado como su asesino, Pedro Pablo Barrientos, responda ante la justicia por cargos de tortura y ejecución extrajudicial.
Hace años que Barrientos, un ex oficial del Ejército chileno, fue señalado como el torturador de Jara que apretó el gatillo del tiro de gracia. Uno de sus subordinados, el soldado José Adolfo Paredes, lo identificó formalmente en un testimonio entregado a la justicia chilena en 2009.
El juez que lleva el caso en Chile, Miguel Vázquez, no tuvo dudas de su culpabilidad y en diciembre de 2012 lo procesó como autor de homicidio calificado. Poco antes, un programa de la televisión había descubierto que Barrientos llevaba una vida tranquila y discreta en Deltona, Florida, donde desde los años noventa se dedicaba a la compraventa de coches.
Ahí entró en marcha el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), una organización internacional que busca llevar a los tribunales a responsables de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
Entre sus casos más famosos están, además del de Víctor Jara, el de monseñor Óscar Romero de El Salvador o la matanza de los jesuitas, cinco de ellos españoles, también en ese país centroamericano en 1989.
Junto con el bufete de abogados Chadbourne & Parke LLP, el CJA interpuso en septiembre de 2013 una demanda en nombre de la viuda de Jara, Joan, y de su hija Amanda, acusando a Barrientos de cargos por delitos de tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa humanidad. Tras conocer la decisión de este martes del juez de Orlando, Florida, Roy Dalton, la abogada del CJA Almudena Bernabéu celebró que se abra por fin la posibilidad de que uno de los principales responsables de la muerte del cantautor chileno vaya a tener que responder ante la justicia.
Cierto es, admitió, que resulta “decepcionante” que el juez desestimara los cargos por crímenes de lesa humanidad, porque “el asesinato de Víctor Jara, y los miles de crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet, deberían ser llamados por lo que son: un crimen contra la humanidad”. No obstante, acotó en conversación con este diario, la decisión judicial es un vuelco en el caso. Y es que aunque la familia de Jara lleva décadas denunciando públicamente el asesinato del artista, recordó, “un ámbito formal, un juicio, una audiencia, una comisión de la verdad jamás ha habido en relación con este crimen. Entonces, después de 42 años, este es un paso gigante, para Chile sobre todo”.
Con las manos destrozadas por las palizas, Víctor Jara todavía logró escribir unos últimos versos a lápiz en una libreta que pudo entregarle a uno de sus compañeros y que hoy conserva la Fundación Jara. “¡Canto, qué mal me sales / cuando tengo que cantar espanto! / Espanto como el que vivo / como el que muero, espanto”. Las heridas de Víctor Jara y de su familia empiezan a curar con cuatro décadas de retraso. (Silvia Ayuso, publicado en Diario El País, 17.04.2015)
