La salud en Venezuela pasó de una situación grave a su fase crítica en los últimos dos años. Evidencia de ello es la rotación de Ministros de Salud desde que Maduro fue electo Presidente en abril de 2013, pero la más terrible demostración de su retroceso es el impacto que sufren las personas más pobres. Por eso, el 7 de abril, día mundial de la salud, pasó desapercibido en un país que no tiene avances que exhibir.
Los Ministros de Salud designados por Maduro, no han alcanzado un año en su desempeño: Isabel Iturria estuvo del 21 de abril al 6 de noviembre de 2013; el ejercicio más reciente de Francisco Armada, fue del 7 de noviembre al 2 de septiembre de 2014; Nancy Pérez, estuvo del 2 de septiembre de 2014 al 16 de marzo 2015; y Henry Ventura, el más nuevo, fue nombrado el pasado 17 de marzo 2015.
Cuando Nicolás Maduro era vicepresidente de la República, reconoció la gravedad de la situación de la salud en febrero de 2013, ordenando la intervención del Hospital Periférico de Coche. Como es público a través de los medios de comunicación, los resultados de aquella medida no fueron positivos en términos de mejoría del servicio brindado a la población, dotación, seguridad, infraestructura e insumos. El Hospital sigue siendo un emblema de las luchas libradas por pacientes, gremios y sindicatos de la salud, exigiendo sus derechos.
En 2014 la Alianza Social por la Salud (ASS), presionó a la Defensoría del Pueblo para que asumiera su rol frente al creciente deterioro de este derecho humano en el país. La ASS es una plataforma constituida para coordinar actividades entre algunas organizaciones de la sociedad civil que realizan investigación sobre la situación de la salud en el país, así como también organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de las irregularidades presentes en el servicio público de salud, y gremios y organizaciones sindicales.
Si bien en 2014 sólo se adelantaron las inspecciones conjuntas entre la Defensoría del Pueblo y la ASS, en el Hospital Periférico de Coche y en el Materno Infantil de Caricuao, la acción realizada hace un año en la sede central de ese organismo, tuvo como resultado inmediato su mirada parcial al problema denunciado. Lamentablemente, las inspecciones acordadas en un plan de trabajo discutido en ese entonces con representantes de la ASS, fue suspendido por la Defensoría sin ninguna explicación.
Como se denunció en la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana los Derechos de Humanos (ComisiónIDH) en marzo 2015, la salud venezolana presenta graves insuficiencias en sus condiciones al punto que en la práctica se niega el acceso a este derecho humano a los sectores de la población sometidos a las peores situaciones de vulnerabilidad, léase la gente más pobres. Las restricciones afectan incluso en la actualidad al sistema privado de salud, producto de la política monetaria establecida por el gobierno nacional.
La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), enumeró ante la ComisiónIDH las fallas de infraestructura, el crónico déficit de personal médico y hospitalario, a lo que se suma la escasez de insumos, material quirúrgico y medicamentos. Además, presentó los casos del Hospital de Niños J.M de Los Ríos, Hospital Universitario de Caracas, Maternidad Concepción Palacios y el Banco Municipal de Sangre e hizo una relación de los efectos que estas deficiencias causan en las personas con VIH y otras afecciones inmunológicas, pacientes renales, linfomas, cáncer, hipertensión, diabetes, y otras patologías.
Entre otras prácticas, debido a su indolencia ante la grave problemática de la salud, la Defensoría del Pueblo dista mucho de cumplir el mandato constitucional que le fue conferido en materia de procurar la garantía a los derechos humanos en el país. Por eso se acude a la ComisiónIDH.
En un país donde el salario no alcanza para comer y la delincuencia ataca indiscriminadamente, la falta de salud incrementa la pobreza.
