Luego de la atención de casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones ocurridas durante el año pasado, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha emitido una serie de informes sobre patrones de abuso de poder. El último, de reciente aparición, se ha titulado “Que no quede rastro. El ocultamiento de evidencia médica y legal en el marco de manifestaciones y detenciones”.
La organización coordinada por la reconocida activista y profesora universitaria, Ligia Bolívar, aseguró que “hubo una práctica deliberada y consciente desde diferentes órganos del Estado, destinada a ocultar las evidencias de tortura y trato cruel y a obstaculizar la denuncia sobre violaciones al derecho a la integridad personal”. Las prácticas diagnosticadas fueron:
– La incomunicación de detenidos, especialmente de aquellos que presentaban lesiones de gravedad, quienes no solo padecieron el aislamiento en los lugares de de detención, sino también en centros de salud.
– El traslado de heridos a hospitales militares, donde se mantenía hermetismo sobre su salud y se obstaculizaba el acceso a familiares.
– Las presiones a víctimas de violaciones al derecho a la integridad física, quienes fueron obligadas a firmar actas y declaraciones en las que negaban haber sido sometidos a malos tratos o a dejar constancia de que las lesiones no se habían producido en determinado centro de detención, sin más explicación sobre las circunstancias de las mismas.
– El impedimento de entrevistas privadas entre detenidos y abogados, en los contados casos en que tuvieron acceso a éstos, dificultando la comunicación oportuna de información sobre las agresiones sufridas.
– El uso de la Defensa Pública como mecanismo para impedir que, en las audiencias de presentación, las víctimas expusieran las circunstancias en que se produjeron sus lesiones.
– La presentación en audiencia de personas visiblemente lesionadas o en condiciones de salud precarias, a veces, bajo efectos de fuertes medicamentos o afectados por la suspensión de tratamiento, sin que los jueces dejaran constancia de los hechos en las actas de audiencia.
– La falta de consignación de informes médico forenses en los expedientes.
– La pretensión de transformar a víctimas en victimarios, alegando que las lesiones que presentaban se produjeron en respuesta a supuestas lesiones ocasionadas por éstas a funcionarios, sin que en ningún momento se acreditara la identidad del supuesto agredido, ni el registro forense de las lesiones presuntamente causadas.
– La consignación en expedientes de informes médicos no independientes realizados por profesionales de salud adscritos al órgano de detención.
– La realización de exámenes médicos forenses superficiales, que no establecen relación entre las lesiones y las circunstancias de las mismas.
– La sustracción y desaparición de informes médicos y otras evidencias de maltratos y torturas, así como la pérdida de la cadena de custodia sobre pertenencias de las víctimas y de objetos extraídos de sus cuerpos en intervenciones quirúrgicas.
– La presión sobre el personal médico en hospitales públicos y clínicas privadas para obtener informes de los pacientes heridos o forzar una alta médica prematura, así como presencia intimidante para interferir en el tratamiento.
El informe, además del análisis de las tendencias, publica testimonios de casos emblemáticos, como el de Jheremy Lugo. El 12 de junio fue detenido y víctima de un disparo a quemarropa por parte de uno de los funcionarios de la GNB luego de haber sido aprehendido. En un video se observa en los primeros minutos cómo el joven es aprehendido y no presenta ninguna lesión; más adelante se ve al mismo joven tirado en el piso herido y ensangrentado preguntando a los funcionarios la razón por la cual le habían disparado. Para ocultarlo de los reporteros, es trasladado en una patrulla de la GNB a un centro asistencial de la ciudad de Caracas. Sin embargo, como en el recinto médico no tenían los insumos, es trasladado al hospital militar el día lunes 16 de junio. Al no recibir los cuidados correspondientes, contrajo una infección severa en la herida. Según testimonio de la víctima y familiares, la intención de los médicos habría sido amputar; sin embargo la familia logró conseguir el traslado a una clínica privada. Al respecto los funcionarios de la GNB que custodiaban mantenían una actitud amenazante e intimidante frente a la familia, nunca dejaban solo a Lugo y no le permitían conversaciones en privado.
Las situaciones descritas, en opinión del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, comprometen la responsabilidad de funcionarios de los órganos de aprehensión, ejecutores de traslados, custodios y demás responsables de centros de detención, defensores públicos, jueces, profesionales de salud de centros de detención e instalaciones militares y médicos forenses, en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a que no quede rastro de las violaciones al derecho a la integridad personal de los detenidos y que apuntan, a más de un año de los hechos, a la impunidad.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
