Rafael Uzcátegui (*)
En un reciente comunicado, la organización no gubernamental defensora del derecho a la libertad de expresión, Espacio Público, ha condenado la reciente decisión de prohibir salir del país a 22 directivos de medios de comunicación venezolanos. Debido al interés noticioso, reproducimos íntegramente el comunicado:
“La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió este martes la orden de restricción que impide salir de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, tal como lo solicitó el ciudadano Diosdado Cabello al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril.
Este procedimiento judicial se aparta de los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2004 sentenció que “no incurre en delito el que reproduce información de terceros”. Asimismo no se cumplieron las garantías del debido proceso, que establecen que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular.
El poder judicial venezolano ha mantenido una política de hostigamiento en contra de medios de comunicación y personas críticas al gobierno nacional, entre estos casos se encuentran los siguientes: el 25 de marzo de 2010 la Fiscalía solicitó una Orden de Aprehensión en contra de Guillermo Zuloaga, antiguo dueño del canal de noticias Globovisión, por los delitos de “informaciones falsas” y “Ofensas a los Jefes de Gobierno”, previstos en los artículos 297-A y 147 del Código Penal. De forma similar, el 11 de junio de 2010, el Tribunal 5° de Juicio de la ciudad de Valencia condenó a Francisco “Pancho” Pérez, periodista carabobeño, a 3 años y 9 meses de prisión, por los delitos de difamación e injuria, además de inhabilitarlo profesional y políticamente y ordenar el pago de 1250 Unidades Tributarias, por declaraciones que el Alcalde de Valencia consideró “ofensivas a su honor”. El 27 de febrero de 2015, y después de enfrentar ocho procedimientos judiciales en quince años de existencia, el rotativo Tal Cual dejó de circular como diario y se convirtió en semanario como consecuencia de estos procedimientos.
Estas acciones judiciales violan el derecho a la libertad de expresión de los venezolanos establecido en la Constitución Nacional y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la libertad de toda persona a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Ante estos hechos, Espacio Público:
1.- Rechaza esta medida que procura castigar y amedrentar a los medios críticos y reduce la información disponible para todas las personas.
2.- Exige al Estado venezolano la revocatoria de esa medida por su carácter restrictivo y violatorio de la CRBV y los tratados internacionales de DDHH.
3.- Pide a la sociedad venezolana mantener la defensa de la libertad de expresión y solidarizarse activamente con los medios que la ejercen en beneficio de todos”.
En opinión de Provea las iniciativas contra los medios de comunicación venezolanos que reproducen noticias de fuentes internacionales forma parte del cuadro de debilitamiento democrático, militarización de la sociedad y aumento de la pobreza generados por el gobierno de Nicolás Maduro. A pesar del aumento de la conflictividad, el Ejecutivo no está generando espacios para canalizar y responder las demandas ciudadanas. El mensaje, en cambio, es que se aumentarán los dispositivos represivos que intentan invisibilizar las denuncias e inhibir a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.
En respuesta Provea considera que la Constitución posee suficientes mecanismos para solucionar, de manera democrática, las diferencias entre los venezolanos y venezolanas. La Carta Magna es el acuerdo social de mayor legitimidad en los últimos años, que en los actuales momentos se ha convertido en una camisa de fuerza para el desvío autoritario gubernamental. El país posible y necesario necesita de las voluntades de quienes se identifican como chavistas, como opositores y de quienes no se encuentran representados en ningún bando, y que el disfrute de los derechos consagrados en la Carta Magna sea el acuerdo para transitar a un país con justicia social, libertad y calidad de vida para todos y todas, sin discriminación por razones políticas y con énfasis en la superación de la exclusión de las mayorías.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
[email protected]
@fanzinero
