El próximo 2 y 3 de junio se realizará en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas un análisis sobre la situación de los derechos sociales en Venezuela. El Comité está integrado por 18 personas que actúan en condición de expertos independientes. Todos los estados que han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) deben presentar cada cinco años un informe sobre las medidas y políticas adoptadas para garantizar la satisfacción de los derechos y los resultados logrados. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden presentar sus aportes.
Para facilitar el proceso el Comité envía una serie de preguntas para que sean respondidas de la manera más precisa posible. Para este informe que se debatirá la próxima semana el Comité preguntó al gobierno aspectos como los siguientes : Sírvanse proporcionar información sobre la implementación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; Sírvanse proporcionar información sobre la implementación de la Ley contra la Corrupción; Sírvanse proporcionar datos estadísticos actualizados, desglosados por edad, sexo, origen étnico o nacional, y áreas rurales y urbanas, sobre la situación de pobreza en el Estado parte.
El Estado venezolano tardó más de 10 años sin presentar el Informe hasta que en el 2012 lo consignó. Aunque no responde a todas las cuestiones y además algunas respuestas son muy genéricas, aporta un conjunto de informaciones de interés. En algunas respuestas da cifras ciertas que reflejan avances en algunos derechos. En otras, las informaciones son abultadas y no corresponden a la realidad. Se oculta la situación. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la salud pues se presenta como si la población disfrutara de un adecuado servicio público de salud, cuando se sabe y se sufre la profunda crisis existente. Esa actitud de ocultar la realidad no permite avanzar en la superación de los problemas, pues el primer paso para rectificar es reconocer las fallas. Aquello de revisar, rectificar y reimpulsar se le olvidó al gobierno.
Varias organizaciones de la sociedad civil entre ellas las de derechos humanos agrupadas en la Coalición Foro por la Vida presentaron un informe alternativo. Junto a reconocer resultados positivos en algunos derechos tales como en el derecho a la educación y avances desde 2010 en materia de derecho a la vivienda, expresan su preocupación por el aumento de la pobreza en los dos últimos años, la creciente inflación que afecta principalmente a los más pobres y la ascendente carestía de productos de primera necesidad.
Las organizaciones presentaron un conjunto de propuestas al Comité para que realice al Estado venezolano recomendaciones precisas con el objetivo de evitar mayor regresión en la satisfacción de los derechos así como medidas para superar el déficit existente en el cumplimiento de las obligaciones del Pacto de DESC
El debate que se desarrollará el 1 y 2 de junio puede ser una oportunidad para avanzar hacia la superación de la actual crisis social si el gobierno comprende que las recomendaciones que haga el Comité es importante analice e implemente. E igualmente si no adopta una actitud de descalificar los aportes y observaciones de las organizaciones sociales sino que por el contrario las analiza y abre espacios para el diálogo.
Más realización de los derechos es garantía de menos pobreza y mejor democracia. En ese propósito el gobierno debería sumar fuerzas, no excluir y mucho menos obstaculizar la labor de quienes quieren aportar.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
