Veintiún familias, habitantes de El Guanábano, parroquia Macarao, introdujeron este lunes, en compañía del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), un recurso de abstención contra el Metro de Los Teques y su presidente Farith Fraija por violar el derecho constitucional a obtener oportuna y adecuada respuesta sobre los criterios de expropiación y las actuaciones adelantadas por el organismo relacionadas con estas familias, cuyos inmuebles sufrieron degradación y deterioro durante la construcción del sistema subterráneo de transporte.

Tras casi diez años de espera las familias afectadas exigen al Gobierno Nacional y al Presidente Nicolás Maduro dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna

El pasado 07 de noviembre,  Provea, en base a una denuncia recibida por la comunidad de El Guanábano, acudió a la oficina de Fraija demandando por escrito información acerca del proceso de expropiación adelantado por la “Coordinación de Relaciones con la Comunidad de Metro Los Teques” en el sector El Guanabano, pero no recibió respuesta alguna.

Ante el incumplimiento de los lapsos previstos y la violación al derecho de ser informados por los órganos que integran la administración pública, contenidos en los artículos 51, 57, 58 y 143 de la CRBV, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública  y  el  artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  de  Procedimientos Administrativos, Provea, en virtud del derecho de petición presentado, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo ordene a  Fraija dar información oportuna sobre el caso.

Desde el año 2006 familias de El Guanábano han visto afectado el derecho a una vivienda digna por la degradación habitacional de sus inmuebles consecuencia de la construcción de la Línea 1 de Metro Los Teques y la posterior expropiación aleatoria que afectó a algunos habitantes del sector.

En el 2013, veintiún de estas familias acudieron a Provea denunciando falta de diligencia de la C.A. Metro Los Teques en el proceso de expropiación y la falta de respuesta de la empresa del Estado venezolano con respecto a la búsqueda de soluciones para la comunidad que no fue expropiada y cuyas condiciones de vida fueron deterioradas por la degradación y depauperación de la habitabilidad de los inmuebles y del sector donde residen.

Tras casi diez años de espera las familias afectadas exigen al Gobierno Nacional y al Presidente Nicolás Maduro dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna, donde el Metro Los Teques dejó al resto de las personas que viven aún en esas áreas en medio de los escombros, la desolación, de una pobreza atroz y del olvido institucional.

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