Este lunes inició la evaluación de Venezuela ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas con la intervención de los representantes de la sociedad civil, quienes expusieron en tres minutos aspectos neurálgicos de la situación de salud, vivienda, educación, derecho al trabajo y acceso a niveles adecuados de vida.
A continuación la presentación integra de Francisco Valencia, integrante de la Coalición de organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida que agrupa a las ONG’s: Acción Solidaria, Amigos Trasplantados de Venezuela, Asociación Venezolana de Amigos con Limfoma, Asociación Venezolana para La Hemofilia, Funcamama y SenosAyuda.
Actualmente, en Venezuela no se ofrece a la población seguridad de garantías mínimas de atención a la salud.
En los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, existe un pronunciado deterioro, que los inhabilita para funcionar conforme a estándares mínimos de una atención adecuada y oportuna.
En los servicios privados, tampoco hay seguridad de atención, dado que al igual que los públicos, están severamente impactados por una crisis general de desabastecimiento de insumos y medicamentos, con efectos especialmente devastadores en la salud pública.
Hacia la salud privada se ha desplazado un número creciente de la población que no encuentra garantías de atención en la salud pública, incluyendo a funcionarios y funcionarias del Estado cubiertos con fondos públicos.
El estado de deterioro de la salud pública es producto de condiciones de restricción a las que han estado sometidos los centros de salud durante muchos años.
Estas condiciones están asociadas a una sistemática conducta de omisión del Estado con su obligación de garantizar el derecho a la salud.
El empeoramiento de la salud pública ha exacerbado las inequidades en salud, trasladando los costos a las personas de menos recursos.
A la par, el Estado ha contribuido con el socavamiento de la rectoría, gestión y financiamiento de las instituciones públicas nacionales y estatales, adoptando medidas discrecionales sobre la dirección de políticas y recursos, distrayendo enormes esfuerzos hacia estructuras paralelas, hoy aisladas y también con amplias restricciones.
Esto ha contribuido a reducir las capacidades institucionales para conducir las políticas de salud y administrar los servicios, resolver sus deficiencias y enfrentar con eficaz desempeño problemas de salud apremiantes.
Las políticas económicas y de orden interno están generando la crisis actual de desabastecimiento de insumos y medicamentos importados, que ha provocado además una alarmante y creciente suspensión o cierre de servicios en los centros de salud, fundamentalmente en los públicos.
Esto ha traído como consecuencia que personas afectadas por condiciones de salud diversas no encuentren atención ni medicinas esenciales y se estén perdiendo vidas humanas.
La situación crítica compromete la responsabilidad del Estado con sus obligaciones de proteger la integridad física y la vida de todas las personas en Venezuela, así como de prevenir y frenar cualquier riesgo inminente para la salud.
Es urgente que el Estado implemente en el menor plazo posible un plan de recuperación de los hospitales y ambulatorios de la salud pública y de la seguridad social de todo el país, que tenga metas y plazos precisos para hacer seguimiento, medir y presentar avances a corto y mediano plazo, con la participación de profesionales, trabajadores, directivos, personas afectadas y organizaciones de la sociedad civil; incluyendo la colaboración que puedan prestar organismos internacionales de protección de derechos humanos y agencias internacionales y regionales de cooperación.
Poner en práctica un sistema transparente y ágil de financiamiento para garantizar la suficiente y permanente disponibilidad, distribución y dotación de insumos, reactivos, medicamentos y equipamiento de los centros de salud, los laboratorios y las farmacias, de carácter público y privado, velando que se guarden ciertos niveles de seguridad de inventarios y absteniéndose de aplicar mecanismos de racionamiento que puedan reducir la demanda, sin considerar las reales, o implicar registros que violen la confidencialidad y la privacidad de las personas.
Hoy, muchas personas están falleciendo en mi país, no por enfermedades, sino porque los servicios de salud no tienen como atenderlas.
