Por primera vez, Venezuela asiste a un examen ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no por las denuncias de las federaciones empresariales, sino por denuncias de casos concretos de trabajadores.
La evaluación será este jueves en Ginebra, donde representantes de los trabajadores, gobiernos y empresarios asisten a la 104ª. Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza desde el pasado lunes en Ginebra, al que se ha incorporado una nueva modalidad con una duración de 15 días de reuniones.
En representación del movimiento sindical autónomo venezolano asisten Marcela Máspero Coordinadora Nacional de UNETE y Orlando Chirino de CCURA.
Maspero resaltó que el Estado venezolano asiste a este evento internacional por primera vez con “ doble nota a pie de página, que es un caso de obligatorio de examen producto de las reiteradas violaciones y la falta de respuestas del Gobierno a los órganos de control de la OIT y que por primera vez no es un análisis producto de las denuncias de Fedecámaras y los patrones, es un caso por las denuncias de los trabajadores”.
Explicó que el jueves Venezuela será evaluada sobre “la libertad sindical, la penalización de la protesta, la injerencia del CNE en las elecciones sindicales, el tema de la Ley Orgánica y los derechos colectivos que han sido conculcados y todos los elementos que tienen que ver en la injerencia en materia de penalización de conflictos, la faltas de libertades en materia de movilización, democracia sindical, todos los elementos que hemos venido denunciando en las memorias que hemos enviado desde UNETE”.
Por su parte, Chirino denunció que a principio se les quiso realizar un bloqueo en las acreditaciones. Sin embargo, posteriormente lograron la acreditación para asistir como representantes del sindicalismo venezolano.
Chirino además destacó que se trata de un evento de trascendencia para Venezuela ya que el Estado será evaluado bajo la convención 87 que trata de los derechos a la libertad sindical y violaciones democráticas. Lamentó que desde el Gobierno sume a las acciones intimidatorias, una gran delegación de 30 personas para “avalar las violaciones que el gobierno hace”.
