Tras reprimir al sindicalismo y desmantelar el aparato productivo nacional, el gobierno nacional exhibe como indicadores de su gestión un retroceso generalizado en el acceso a los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el orden social: alimentación, salud, vivienda, derechos laborales y seguridad social. La frase del Coordinador General de Provea en la presentación del Informe Anual 2014, grafica la situación: el país es una fábrica de pobres.
A pesar de cerco impuesto a la prensa, las principales cifras del informe de Provea 2014 han empezado a circular profusamente en diversos medios, así como en las redes sociales. De esta forma -y seguro será indetenible-, se perfora la política del silencio gubernamental.
La verdad sobre la fábrica de pobres ha sido expuesta por Provea y las organizaciones venezolanas de promoción y defensa de los derechos humanos, en diversos escenarios nacionales e internacionales. Uno de ellos fue la audiencia en la Comisión Interamericana realizada en marzo de este año. Otro fue el Comité de la ONU donde el Estado venezolano asistió para rendir su informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
También el movimiento sindical independiente del gobierno, denuncia la fábrica de pobres y la persecución que sufre, acudiendo a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Su más reciente aporte en este sentido lo constituye la participación de Marcela Máspero (UNETE) y Orlando Chirino (C-CURA) en la 104ª Conferencia Mundial del Trabajo.
La política del silencio es necesaria para que el gobierno mantenga su fábrica de pobres. Para ello insiste en criminalizar la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos. De allí el acoso al Coordinador General de Provea, Rafael Uzcátegui, al Observatorio Venezolano de Prisiones, Espacio Público y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La figura de los patriotas cooperantes se dedica a indagar ilegalmente sobre nuestra actividad nacional e internacional. El Presidente nos descalifica en cadenas nacionales.
A pesar de todo eso, la verdad de la pobreza en Venezuela es inocultable. Tampoco puede esconderse la militarización de la sociedad, la represión de las luchas sociales y políticas, y la violación al derecho a la vida, integridad y libertad personal y manifestación, durante 2014.
Y es que la visibilización de la realidad de los derechos humanos en Venezuela, es la labor de las organizaciones que como Provea, documentamos hace más de dos décadas y media, las violaciones que se producen. Investigar esta verdad implica analizar las cifras contenidas en las memorias y cuentas de los organismos públicos. Sin embargo, no nos quedamos en una fuente. Se valora lo que publican los medios de comunicación, a pesar del cerco al que están sometidos, y ello se contrasta con los datos oficiales.
Recibimos denuncias, las procesamos, solicitamos información a los entes oficiales, atendemos a las personas que son víctimas de violación a sus derechos, acudimos ante la administración de justicia en el país y al sistema interamericano o al sistema internacional de protección de derechos humanos, según el caso. Es decir, tenemos soporte.
El Informe Anual de Provea es producto de un trabajo sistemático donde la gente más pobre es la principal protagonista de la ruptura a la política del silencio impuesta en la fábrica de pobres. De esta labor nacen los contundentes testimonios de Lidia Martínez y Carlos Solórzano, padres de Daniel, el niño muerto producto de la violación a sus derechos a la salud y a la vida. Es de la relación con la gente de El Guanábano, a quienes visitamos en los escombros donde sobreviven producto de la falta de planificación e indolencia de la C.A. Metro Los Teques, de donde surge el testimonio de Manuel Sánchez, voz que reclama viviendas dignas.
