Pablo Urbina es miembro del Comité de Jubilados y Pensionados del Seguro Social y también es activista comunitario en la parroquia Altagracia, tiene 55 años y padece, entre otras enfermedades asociadas a su edad, de epilepsia. Urbina se acercó a finales de mayo a la sede de Provea a denunciar una paralización administrativa en el departamento de emisión de constancias médicas del Hospital José María Vargas, tras esperar casi un mes por el informe médico que certifica su situación de salud y que se ha constituido en requisito sin el cual no puede adquirir en farmacias los medicamentos de alto costo que se le han prescrito de por vida y que consume a diario.
Urbina explicó que las constancias no se emitían porque en la oficina no había insumos (hojas), tinta para impresión e incluso carecían de bolígrafos. Contó que si bien fue atendido por su médico tratante en la unidad de medicina interna del Vargas, luego no pudo recibir la constancia a falta de tinta para su impresión y de voluntad del personal para solventarle de forma eficiente su situación.
Casi un mes después, Urbina logró obtener la constancia por los caminos verdes. Cuenta que una enfermera al ver su ir y venir se conmovió y comprometió con él a traerle la constancia impresa de su casa, que luego dio a las autoridades médicas para su validación.
Solventado el “escollo burocrático” para el acceso al tratamiento que garantiza su salud, Urbina se vio de nuevo con otro obstáculo en el camino para gozar del derecho a la salud en Venezuela.
Acudió el pasado jueves 02.07.2015 nuevamente a la oficina de Provea a denunciar, en esta oportunidad, la escasez en las redes de farmacias privadas y en las farmacias del Seguro Social del tratamiento para personas con epilepsia (Rivotril, Trileptal, Fernobarbital y otros) medicinas que reducen el riesgo de convulsiones y permiten que la persona con epilepsia pueda gozar de mejores condiciones de salud y desarrollar sus actividades cotidianas.
El caso del señor Urbina es uno de los miles de casos de venezolanos que ven comprometido su bienestar y violado su derecho a la salud por la crisis hospitalaria y la escasez de insumos médicos y medicinas. En el año 2014 Provea registró en su base de datos 2.665 denuncias relacionadas con deficiencias en los centros de salud pública. Es decir, 35% más denuncias que en el 2013, año donde contabilizaron 1.976 casos. No son sólo números, se trata de más de dos mil personas que denunciaron al ver cómo su salud se deterioraba efecto del mal estado de los hospitales, la falta de atención oportuna o la escasez de insumos quirúrgicos, médicos y hospitalarios.
Ya lo advirtió el Programa en su Informe Anual 2014 sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, “el derecho a la salud siguió presentando graves retrocesos durante el año 2014. A la acumulación de múltiples deficiencias de los centros de salud prestados por el Estado, se sumó una escasez generalizada y más aguda que la de años anteriores, en materia de insumos básicos, material médico quirúrgico, repuestos para equipos, reactivos para exámenes y medicinas –la gran mayoría importados- que afectó tanto a los centros de salud públicos como a los privados y, a todo el sector salud en general, en el que también se encuentran farmacias, laboratorios, proveedores y distribuidores”.
La situación no ha cambiado. De hecho, parece ser hoy día más critica debido a la cada vez mayor dependencia en importaciones.
Se trata de una política de Estado que ha privilegiado desde 2007 la importación de medicamento, y que en 2014 superó el 80%. De manera directa, la vida y salud de miles de venezolanos con afecciones, condiciones o enfermedades se ve comprometida por la falta de medicinas.
En 2014 el gremio de médicos y farmaceutas alertó que la escasez superaba el 55% en la ciudad de Caracas y en un momento incluso se llegó a afirmar que a nivel nacional era de 80%[1].
Para hacer frente a esta situación, este año el Ejecutivo creó del Sistema Integral de Acceso a Medicamentos (Siamed), que en primera etapa atiende a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, endocrino-metabólicas y neurológicas por ser las tres primeras causas de muerte en el país. El objetivo de este sistema es la “distribución equitativa” de medicamentos, debido a la denuncia gubernamental sobre supuestas distorsiones en el consumo de medicinas[2] que sería la causa del desabastecimiento.
Codevida, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida recientemente alertó la ausencia de prednisona en el país, se trata de una medicina fundamental para las personas transplantadas y con enfermedades crónicas como el Lupus. La organización también reporta la falta de factores para las personas con hemofilia y la suspensión de cirugías en el Hospital Universitario por no contar con reactivos.
Así está el derecho a la salud hoy día en Venezuela, escaso.
Quienes deseen contribuir con Pablo Urbina, informándole sobre la existencia del medicamento en farmacias, este es su número de contacto: 0416-4165989.
De igual manera, infórmate sobre el servicio de venta subsidiada de medicamentos de alto costo que brinda la Fundación Badan, teléfono de contacto 0501-BADAN-00.
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