El gobierno venezolano, como parte de su reivindicación del llamado socialismo del siglo XXI, reclama estar construyendo un modelo “ecosocialista”. Incluso ha creado un ministerio con esa denominación. En muchos activistas, sobre todo fuera de Venezuela, ese discurso ha generado expectativas. Por ejemplo, a finales del mes de abril se realizó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el seminario “Soberanía, Recursos Naturales, Transnacionales”, auspiciado por las organizaciones sociales y políticas que impulsan el campamento de protesta contra la explotación minera en Loma Miranda, destacando entre ellas la agrupación Izquierda Revolucionaria, y con varios invitados internacionales, entre ellos Néstor Kohan e Iñaki Gil de San Vicente. En repetidas ocasiones, los ponentes presentaron al gobierno venezolano como representante de un modelo alternativo de desarrollo y ejemplo de resistencia al capital minero transnacional.
En gran parte de Latinoamérica, las luchas contra la depredación ambiental perpetrada por transnacionales yanquis, europeas y chinas, con la colaboración de gobiernos serviles y entreguistas, han cobrado notoriedad e importancia. Aún no se cierra el más reciente capítulo en la crisis crónica del sistema capitalista, y se redoblan los esfuerzos por parte del capital imperialista por arreciar el saqueo de recursos y la superexplotación laboral en los países periféricos. A la par de estos esfuerzos, crece la resistencia de los pueblos. En República Dominicana la oposición a los planes de construir plantas cementeras en Los Haitises, la lucha contra la explotación minera en Loma Miranda, o la resistencia contra la Barrick Gold, han estado entre las más importantes luchas sociales de los últimos años. De allí que resulta un tema de enorme importancia para el movimiento social dominicano. Irónicamente, Venezuela está muy lejos de la vanguardia de este tipo de luchas, debido tanto a la tradición petrolera y minera del país como a la cooptación de un gran número de activistas por parte del gobierno. Las principales luchas en defensa del ambiente y los recursos naturales las libran los pueblos indígenas.
Los activistas de las organizaciones que prepararon el seminario deben conocer algunos hechos para valorar si realmente el gobierno venezolano se puede erigir en baluarte de la lucha anticapitalista y en defensa del ambiente. Al igual que República Dominicana, Venezuela es un país semicolonial con significativos enclaves de capitales imperialistas. La principal industria, el petróleo, funciona bajo el esquema de asociaciones estratégicas entre la petrolera estatal, Pdvsa, y empresas transnacionales, que detentan hasta un 40% de la participación en estas empresas mixtas, y cuyas concesiones están respaldadas por contratos de entre tres y cuatro décadas de duración. Estos contratos fueron firmados entre el año 2007 y la actualidad.
Pocas industrias son tan destructivas y contaminantes como la de los hidrocarburos, y la situación se agrava debido a los problemas operativos y la desinversión en Pdvsa, denunciados reiteradamente por trabajadores y sindicalistas revolucionarios como José Bodas del Partido Socialismo y Libertad (PSL). Importantes derrames en el Lago de Maracaibo y el Río Guarapiche, escapes de gases venenosos en las refinerías de El Palito y el Complejo Refinador de Paraguaná, o una gigantesca montaña de mineral coque a cielo abierto en el estado Anzoátegui, son algunos ejemplos de la escasa preocupación de la burocracia gubernamental y las transnacionales petroleras por minimizar el costo ambiental de su actividad.
Este cuadro podría sorprender a quienes honestamente confíen en la propaganda oficial venezolana que presenta al gobierno como punta de lanza de la lucha antiimperialista continental e impulsor de un ecosocialismo. Pero dicha propaganda no resiste el contraste con los hechos. Un ejemplo particularmente llamativo es que mientras el gobierno venezolano apoyaba la difusión de la campaña ecuatoriana contra Chevron por la destrucción de la amazonía, esta misma transnacional yanqui es la que goza de mayor inserción en la industria petrolera venezolana.
No solo la industria petrolera es un ejemplo palmario de la penetración del capital transnacional en Venezuela. Los pueblos indígenas wayúu, barí y yukpa han venido resistiendo los planes gubernamentales de ampliar la explotación de carbón en la Sierra de Perijá. Este año el gobierno de Nicolás Maduro dictó el decreto 1606 que incorpora 24 mil hectáreas a la minería carbonífera bajo el esquema de empresas mixtas con participación accionaria del capital privado en hasta un 45%. Esta directriz está contenida en el programa político presentado por Chávez en el año 2012, denominado “Plan de la Patria”, en cuyo punto 3.1.15.9 se lee el objetivo de “Conformar empresas mixtas para la explotación y procesamiento de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón; en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga el control de sus decisiones y mantenga una participación mayor del 55 %”.
Los activistas de Loma Miranda deben reconocer las enormes coincidencias entre su lucha y la que libran los pueblos indígenas de Perijá en defensa de su territorio y de importantes fuentes de agua potable como el Río Guasare. O con la lucha del pueblo indígena pemón en el suroriente del país, contra la minería ilegal del oro llevada a cabo en el Parque Nacional Canaima por mafias aliadas al sector militar. La solidaridad internacionalista debe, entre quienes se reclaman de izquierda, ocupar un lugar muy superior a las simpatías que pueda generar el discurso gubernamental venezolano, que por lo demás, como se puede observar, no se corresponde con la realidad de un país que se mantiene dentro de los límites de un capitalismo altamente dependiente.
Es cierto que no podemos alimentar expectativas en un capitalismo verde, la ilusión de que el actual modelo depredador y explotador se puede autoregular para volverse sostenible. Pero tampoco podemos creer que la salida esté en un capitalismo rojo en el cual las transnacionales siguen imponiendo sus intereses por encima de las necesidades y aspiraciones de las mayorías populares. La salvaguarda del ambiente y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible al servicio de las mayorías solo se logrará rompiendo las ataduras al capital transnacional y socializando la propiedad productiva en el marco de una economía democráticamente planificada.
