En Venezuela había más de 9.000.000 de personas pobres según cifras del INE hace 2 años. Los indicadores económicos provenientes de fuentes independientes y la CEPAL señalan un incremento de la pobreza en 2014 y lo que va del 2015. No hay datos oficiales confiables sobre pobreza pues los organismos públicos no cumplen su responsabilidad de suministrarlos. Lo peor es que ser pobre, en el lenguaje oficial actual, ha empezado a convertirse en delito.
El gobierno olvidó el discurso de la inclusión social y ahora criminaliza la pobreza, agregando el ingrediente de la represión masiva. Las arbitrarias actuaciones policiales y militares se extienden, sumándose a la represión de protestas laborales y de manifestantes que reclaman derechos políticos. Se persigue a la gente pobre por el hecho de serlo, como si su condición económica fuese sinónimo de ser delincuente.
Para el gobierno nacional la supuesta lucha contra el crimen organizado ha devenido en la puesta en práctica de las más regresivas políticas represivas, con métodos criticados en tiempos de la llamada cuarta república, como las redadas del “Plan Unión” (detenciones arbitrarias masivas en barrios populares de ciudades y poblaciones aledañas) y alcabalas en las vías con funcionarios policiales o militares sin identificación. Los vehículos sin placas también son usados por los cuerpos de seguridad del Estado sin ningún pudor. Además, se reproduce el peligroso patrón de “disparar primero y preguntar después”.
Para legitimar y justificar la represión masiva del pueblo pobre, el gobierno utiliza la excusa de garantizar la paz y la seguridad ciudadanas, sin atacar las causas estructurales del flagelo de la delincuencia: la corrupción, la ineficacia judicial y la impunidad auspiciada desde el mismo Estado.
La violación de derechos humanos a las personas más pobres es expresión concreta del militarismo y abuso de poder que caracteriza las actuaciones gubernamentales. Estas violaciones se producen en el marco de la incapacidad gubernamental para rectificar su política económica y resolver las causas del descontento de la población por la insatisfacción a necesidades como comida, salud, agua, suministro de gas y electricidad, educación, derechos laborales y pleno disfrute de las libertades democráticas consagradas en la CRBV.
Detener arbitrariamente personas inocentes y en particular, cuando duermen en sus casas, así como los homicidios perpetrados por cuerpos de seguridad de Estado en los últimos años, en Valles del Tuy, Maracay y Caracas, no se diferencian esencialmente de lo sucedido en El Amparo, Yumare o Cantaura, masacres que se justificaron argumentando el enfrentamiento a la subversión guerrillera, la rebelión militar o la desestabilización política.
Frente al aumento de la pobreza y de la represión no se observa autocrítica institucional por el fracaso de los variados planes para enfrentar la crisis social y la inseguridad ciudadana, ni anuncios para reducir la impunidad. El sistema penitenciario sigue siendo una de las peores vitrinas de violación a los derechos humanos en el país, al tiempo que se le califica como una estructura que facilita la comisión de delitos.
Ante los anuncios del Presidente Maduro auspiciando mayor represión para los pobres, claramente advertimos desde Provea que este tipo de políticas históricamente se ha traducido en prácticas lesivas a los derechos humanos.
En Venezuela no existe la pena de muerte y la constitución nacional establece en su artículo 49, que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. El artículo 47 constitucional prevé la inviolabilidad del domicilio, a excepción de cuando es autorizada por un tribunal en el marco de una investigación penal.
Finalmente, todos y todas tenemos derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad ciudadana, mientras que el Estado tiene el deber de garantizarnos el pleno disfrute de estos derechos, sin distingo alguno.
