El Foro por la Vida, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, fija su posición ante la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, presentado el pasado 14 de julio de 2015 por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, que incluye una Consulta Pública hasta el 15 de agosto de 2015.
Celebramos la iniciativa de elaborar un Plan Nacional en Derechos Humanos, recomendación hecha durante el Examen Periódico Universal de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2011 y que había sido rechazado reiteradamente por el Estado venezolano. Esta rectificación representa una oportunidad que puede contribuir a desarrollar una cultura de Derechos Humanos en Venezuela.
Luego de la revisión preliminar al Plan Nacional propuesto, consideramos que en función de cumplir con el objetivo de impactar efectivamente en la defensa y protección de los Derechos Humanos de la población venezolana, es imprescindible se incluyan en el mismo los principios establecidos en los estándares universales de protección de Derechos Humanos aceptados y legitimados por el Estado venezolano en razón de todos los pactos suscritos y ratificados en la materia. Los tratados internacionales de Derechos Humanos son parte integral de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y fueron ratificados por la voluntad popular en la oportunidad del referendo constitucional.
El propósito de construir un enfoque alternativo no exime al Estado de apegarse a los esquemas y compromisos legales vigentes al respecto. La declinación del Estado a estas obligaciones generalmente conduce a violaciones o restricciones indebidas de los Derechos Humanos, y conlleva legítimas oposiciones por parte de las personas y organizaciones, sanciones a los responsables y debidas reparaciones a las víctimas. En este sentido, el Plan, para ser reconocido en materia de Derechos Humanos, amerita incorporar en su contenido los compromisos asumidos por Venezuela en esta materia. Los Derechos Humanos están protegidos internacionalmente, tienen un carácter absoluto y superior a las leyes y a los sistemas políticos, culturales y económicos, y son universales, principio omitido en el referido plan.
Por otra parte esta propuesta de Plan Nacional, al ser redactada sin una amplia participación de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del país, deja de lado un elemento fundamental del proceso que es la consulta exhaustiva —no una encuesta— en tanto que la extensión de la temática obliga a que se produzcan intercambios con diferentes voces que expresan convergencias o conexiones que garantizan un enfoque integral. Esta omisión por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, entidad responsable por la propuesta, deja de lado la participación de la sociedad civil. Consideramos que sin dicha participación esta propuesta es excluyente y contradice el sentido de cualquier Plan de Derechos Humanos violando el derecho fundamental a la participación.
Igualmente llama la atención que no es la Defensoría del Pueblo quien lidera el diseño de este Plan. La Defensoría del Pueblo es la institución que debería responsabilizarse por el proyecto de un Plan Nacional de Derechos Humanos coordinar las acciones de consulta con la sociedad civil e incorporar las propuestas que vienen de las organizaciones que históricamente han trabajado por la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Venezuela.
Para realizar estas acciones, la consulta pública de 45 días es claramente insuficiente para incluir a los diferentes sectores del país y en efecto incluir las propuestas, de forma y fondo, para armar un Plan Nacional que responda a las necesidades del contexto venezolano y situarse a la vanguardia de quienes asumen el reconocimiento y la protección de los derechos humanos como prioridad de su acción política.
Finalmente, este Plan de Derechos Humanos requiere de un contexto propicio para su discusión y posterior implementación, que amerita decisiones impostergables como la apertura del diálogo político que incluya diferentes visiones, la revisión de la situación de los presos políticos, la derogación de la resolución 008610, el retiro de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de Venezuela y el cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales y cautelares que ha dictado el Sistema.
Ante esta situación, las organizaciones de Derechos Humanos agrupadas en el Foro por la Vida, realizamos las siguientes propuestas:
- Incluir en este Plan Nacional las recomendaciones ofrecidas por los diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas en los diferentes exámenes —EPU, CEDR, CDN, CEDCM, CAT, CDESC y CDCP[1].
- Incorporar los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos incluidos en los tratados internacionales firmados y ratificados por Venezuela.
- Ampliar el lapso de consulta a nueve (9) meses para incluir los aportes de los diferentes sectores y presentar una propuesta que responda a esta participación.
- Incorporar al Sistema de Naciones Unidas, a través del mecanismo de Asistencia Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, al proceso de consulta y redacción del Plan Nacional de Derechos Humanos.
- Considerar experiencias exitosas en la elaboración de Planes Nacionales de Derechos Humanos para incluirlas en el proceso venezolano.
- Conformar un equipo multidisciplinario e independiente, integrado por defensores y defensoras de derechos humanos de reconocida trayectoria en el país, de diferentes visiones y corrientes, para que coordine el proceso de consulta y propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el SIDA, Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos UCAB, Centro de Derechos Humanos UCV, Cofavic, Justicia y Paz, Justicia y Paz Los Teques, Espacio Público, Provea, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.
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[1] Examen Periódico Universal, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité de Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Comité de Derechos Civiles y Políticos.
