El gobierno nacional lejos de resolver las causas estructurales de la escasez, el desabastecimiento y la inflación, recurre al viejo truco de implementar el amedrentamiento generalizado. Ante las manifestaciones que se vienen produciendo alrededor de centros de distribución de alimentos, el Presidente Maduro insiste en amenazar a quien es presa de la desesperación y usa la institucionalidad para encarcelar a quien sólo busca saciar el hambre.
Este año, bajo la confusión intencional y evidentemente expresa de conceptos como la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, el gobierno desarrolla razias contra supuestos delincuentes, cuando en realidad está reprimiendo a la gente pobre. A la par desaloja violentamente a quienes forman parte –en su mayoría- de la endémica marginalidad que afecta a las ciudades venezolanas.
Todos estos casos demuestran la puesta en escena de políticas que no guardan relación con el respeto a los derechos humanos. En cuanto a la alimentación, es un deber del Estado garantizarle a la población el acceso a los productos básicos indispensables para mantener una ingesta calórica acorde a los estándares nutricionales aplicables según la edad. Pero en cuanto al bienestar social, el Estado es responsable de garantizar la disponibilidad de todo lo que es necesario para que las personas vivan en condiciones dignas. Ello incluye el agua, el gas, la electricidad, el transporte y la vialidad, entre otros.
Por ello, cuando la gente protesta debido al incumplimiento de estos deberes del Estado, su manifestación no sólo es legítima, sino que además el gobierno está en la obligación de satisfacer el requerimiento exigido so pena de colocarse al margen de la Constitución y de los Pactos y Convenios Internacionales que establecen estos compromisos.
Provea ha sostenido históricamente que el Estado no debe repetir prácticas como las realizadas en 1989, donde la población fue víctima indiscriminadamente de vulneración de derechos. La sentencia dictada que en su momento dictó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con ocasión de las denuncias presentadas por las víctimas de aquellos tristes pero inolvidables eventos, señala expresamente que los cuerpos de seguridad incurrieron en prácticas abusivas.
El abogado especialista y docente universitario Keymer Ávila, señaló públicamente esta misma semana que producto de la errada fusión de los conceptos de seguridad ciudadana y seguridad nacional, se produjeron las violaciones registradas en 1989. De allí que urge la intervención de la Defensoría del Pueblo, así como la reflexión de los altos niveles gubernamentales para evitar y contener los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado, en momentos cuando la crispación, producto de la situación económica, hace que el nerviosismo se generalice.
Garantizar el acceso a los productos requeridos por la población y cesar en los planes represivos generalizados e indiscriminados debe ser el norte del accionar gubernamental.
